ALICANTE.- A principios de marzo, Suma Gestión Tributaria, organismo de la Diputación de Alicante, liquidó el presupuesto de 2025, lo que ha arrojado un resultado positivo de 6,3 millones de euros, lo que ha supuesto desde el inicio del último plan estratégico un incremento de 4,61 millones de euros en las economías generadas por la propia entidad. Además permitirá al organismo repartir unos tres millones de euros mediante subvenciones a ayuntamientos para reducir parcialmente el coste de los servicios que el organismo les presta, sin dejar de atender la necesidad de acometer nuevos proyectos de inversión. Plaza habla con el director general de Suma, José Antonio Belso, para analizar la situación de Suma y cuestiones que han levantado cierta polémica como el cobro de la nueva tasa de residuos.

-¿Qué balance hace de los resultados de 2025?

-El organismo ha multiplicado por más de cuatro sus resultados durante el plan estratégico. El volumen alcanzado este año, 6,5 millones de euros, refleja unas cifras muy respetables y evidencia importantes ganancias de eficacia y eficiencia, no solo en la recaudación, sino también en la gestión interna de Suma.

Pensemos que hemos crecido en volumen de ingresos y hemos obtenido mejores resultados con la misma plantilla que en 2020. Eso significa que todas las personas que trabajan en Suma se han implicado y han aumentado su productividad. A día de hoy, cada trabajador atiende cerca de un 4 o 5% más de contribuyentes al año, y la tramitación de expedientes ha crecido en torno a un 2% anual. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y, sobre todo, a la implicación del personal. Estoy convencido de que nada de esto se habría logrado sin la participación y el compromiso de todas las personas que forman parte de Suma. 

Con los resultados de este año, y siendo conservadores —porque afrontamos procesos de inversión muy intensos y un proceso de funcionarización en marcha—, ya se están incorporando funcionarios propios de Suma y estamos cerrando la conversión del personal laboral en personal funcionario, un proyecto que teníamos por delante y que está prácticamente en su recta final.

Aun así, y actuando con prudencia, destinaremos el 50% del resultado a los ayuntamientos. Este plan, impulsado por el presidente (de la Diputación de Alicante) a propuesta de la dirección, supondrá una devolución aproximada de 3 millones de euros. Esta actuación es la segunda que realizamos del mismo estilo durante la vigencia del plan estratégico.

-¿En qué consiste esa devolución a los consistorios?

- Consiste en bajar la tasa que les cobramos. Ya hemos reducido las tasas durante estos cinco años. Se ha bajado la tasa aun siendo conscientes de que la recaudación de algunos tributos se hace prácticamente a pérdidas. En este caso, lo que hacemos es que, cuando el remanente o el resultado del ejercicio es sólido, podemos permitirnos devolver dinero a los ayuntamientos en función de lo que ha sido el coste real de la recaudación. Es decir, devolvemos una parte proporcional del dinero que han pagado por el servicio. De facto, es una bajada: es cobrarles menos por nuestro trabajo.

-Has hablado de un aumento la recaudación y las delegaciones que os han hecho los ayuntamientos. ¿A qué se debe? ¿Hay más viviendas? 

-Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte por la tasa de recogida de residuos urbanos. Había un número respetable de ayuntamientos que no la tenían delegada en Suma, sino que la gestionaban con sus propios servicios tributarios o la vinculaban al recibo del agua. Todos esos municipios, a excepción del Ayuntamiento de Cocentaina, han delegado finalmente en Suma. 

Este año no solo hemos conseguido, junto con los ayuntamientos, poner en marcha la tasa, sino que además hemos realizado una liquidación de ingreso directo por los atrasos o por las no tributaciones de los cuatro años anteriores. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, en una reunión reciente nosotros ya teníamos emitido y lanzado el 100% de las liquidaciones por atrasos, mientras que otros organismos se jactaban de haber lanzado entre el 15 y el 20%. Eso ha permitido que los ayuntamientos no perdieran recaudación y no perdieran un año entero de ingresos.

Además, hemos intensificado la captación de delegaciones de sanciones administrativas, que para los ayuntamientos suponen una carga importante de trabajo. Y también la tasa del uno y medio, que es una tasa costosa de gestionar para los municipios. Hemos ido a buscarla de manera más proactiva, no solo esperando a que nos la delegaran.

La tasa del uno y medio es la que se aplica por la ocupación del suelo urbano, por ejemplo el cableado de una empresa de telefonía. Es una tasa que puede generar ingresos importantes para los ayuntamientos. Y estamos captando bastantes municipios porque hemos sido más proactivos.

-Ahora que has hablado de la tasa de residuos… El año pasado hubo un incremento general por la nueva legislación. ¿Existe el peligro de que alguna de esas ordenanzas locales sea impugnada y anulada? ¿Qué problema podría generar eso?

-Somos conscientes de que existe ese riesgo de impugnación. De hecho, uno de nuestros ayuntamientos, el de Callosa de Segura, ha sido impugnado, y estamos trabajando con ellos en una nueva ordenanza. Pero también tenemos otros ayuntamientos que han sufrido impugnaciones y no han tenido problemas en la parte técnica, como es el caso de San Vicente. Es cierto que esta tasa nació con cierta ambigüedad y con una debilidad legal constatable, que poco a poco está siendo suplida por la jurisprudencia y por la actuación del legislador.

Cada vez vamos sabiendo mejor cuáles son los criterios y los ejes sobre los que se están moviendo los jueces. Y, a medida que tenemos más claridad, vamos trasladando ese conocimiento a los ayuntamientos. De hecho, el próximo día 26 hemos convocado una reunión con todos ellos para compartir experiencias dentro de la provincia, tanto positivas como negativas. Nosotros explicaremos detalladamente lo que se ha hecho hasta ahora, las consecuencias que ha tenido y propondremos un conjunto de escenarios para que cada ayuntamiento pueda evolucionar su tasa hacia lo que exige la ley: el cobro individualizado.

Abriremos el abanico para que cada municipio elija la senda que considere más adecuada. Habrá ayuntamientos más ambiciosos, que opten por una tasa plenamente individualizada, y otros que quizá prefieran ser más conservadores y avanzar de forma más gradual.

-Entiendo que conforme avance el tiempo, la seguridad jurídica de las ordenanzas mejorará...

-Efectivamente.

-Y quizá habrá casos aislados de impugnación o incluso de éxito en alguna impugnación...

-Efectivamente. Nosotros creemos que, con la jurisprudencia que ya existe y con las mejoras que vamos a ofrecer a los ayuntamientos a incorporar, ese riesgo se va a ir disipando en gran parte. Al menos durante un periodo transitorio, hasta que el legislador termine de aclarar hasta qué punto quiere llegar realmente con esta regulación.