VILLENA. El Ayuntamiento de Villena ha activado un proceso de análisis tras quedar paralizadas desde mayo las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), debido a un profundo desacuerdo entre la empresa adjudicataria y la dirección de obra sobre el estado de la estructura y el coste necesario para reforzar las vigas del edificio.

Según ha explicado este miércoles el concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, la constructora sostiene que, una vez realizados los derribos, el refuerzo estructural exige un modificado de 700.000 euros, lo que supone un incremento del 57% respecto al presupuesto de licitación. La empresa argumenta que las catas previas no reflejaron adecuadamente el deterioro real de la estructura.

Por el contrario, la dirección de obra —que obtuvo el contrato por concurso público— considera que la intervención necesaria es mínima y que el refuerzo puede resolverse con una modificación de apenas 20.000 euros.

Martínez ha calificado de “incomprensible” la brecha entre ambas valoraciones y ha subrayado que la disputa no se limita a una cuestión económica. “También está en juego la capacidad de ejecutar una actuación más compleja y la garantía de que la empresa adjudicataria puede llevarla a cabo”, ha señalado.

La situación mantiene bloqueada la rehabilitación de este edificio histórico y ha generado un notable retraso en los plazos previstos. Para tratar de desbloquear el conflicto, el Ayuntamiento ha dado un plazo a ambas partes para presentar justificantes técnicos que avalen sus posiciones antes de adoptar una decisión.

El Consistorio contempla todas las opciones: desde la imposición de sanciones —como establece la legislación para los incumplimientos de plazos— hasta la anulación del contrato si se determina que alguna de las partes ha incumplido sus obligaciones.

El edil ha insistido en que el “mejor escenario” sería un acuerdo técnico que garantice la viabilidad del proyecto, tanto desde el punto de vista económico como de conservación del patrimonio. En cualquier caso, ha advertido de que, si no se alcanza un entendimiento, se aplicará estrictamente la normativa y las garantías depositadas por las empresas al firmar sus respectivos contratos.

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