VILLENA. El Ayuntamiento de Villena ha declarado la caducidad de la licencia urbanística concedida a la planta fotovoltaica Los Alorines, situada en el paraje de La Encina, después de que las obras no se iniciaran dentro del plazo legal establecido. La resolución, firmada por el alcalde, Fulgencio Cerdán, incluye también la desestimación del recurso presentado por la empresa promotora contra la retirada de la autorización municipal.
El proyecto contemplaba la instalación de una planta de aproximadamente 43 megavatios de potencia y había recibido en su día la autorización de la Generalitat Valenciana. Según ha recordado el regidor, el Ayuntamiento concedió la licencia urbanística al tratarse de una infraestructura previamente autorizada por la administración autonómica y con el objetivo de evitar posibles responsabilidades jurídicas.
Con esta resolución, el Consistorio sostiene que da un nuevo paso en su estrategia para frenar la implantación de nuevas plantas fotovoltaicas en el municipio siempre que la legislación lo permita. Cerdán ha asegurado que el equipo de gobierno continuará utilizando todos los instrumentos legales a su alcance para limitar este tipo de instalaciones y ha criticado la planificación realizada tanto por la Conselleria como por el Gobierno central en materia de energías renovables en Villena.
La decisión se enmarca en la posición que el Ayuntamiento viene manteniendo en los últimos años frente al desarrollo de grandes proyectos fotovoltaicos en el término municipal, donde el gobierno local ha mostrado reiteradamente su oposición a la ocupación de suelo agrícola por este tipo de infraestructuras.
Diferencias con el caso de Novelda
El alcalde también ha querido diferenciar este expediente del reciente proyecto fotovoltaico paralizado en Novelda. Según ha explicado, en aquel municipio la iniciativa no prosperó porque los propietarios de los terrenos rechazaron vender o arrendar las parcelas a la empresa promotora, mientras que en Villena las plantas que han llegado a desarrollarse lo han hecho sobre fincas cuyos propietarios sí alcanzaron acuerdos con las empresas responsables.
Cerdán ha subrayado que los propietarios tienen derecho a decidir sobre sus terrenos, aunque ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá aprovechando todas las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para defender los intereses del municipio y restringir la implantación de nuevas plantas solares cuando existan fundamentos legales para ello.
