ELDA. Vecinos y vecinas de Elda se concentrarán este domingo 23 de marzo por la protección del monte Bateig frente a las plantas fotovoltaicas que se proyectan en la zona. En concreto, el grupo vecinal ha señalado la afección que tendrá este entorno natural con la futura ejecución de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica 'PSF Serol', de 45 MW, que proyecta la energética valenciana Es Generación Verde.
Se trata de un 'abrazo' simbólico a la madre tierra, una iniciativa nacional que pretende que asociaciones locales se unan por entornos que necesitan proyección. Se realizará una cadena humana a las 12:00 horas en el camino de tierra de la Peña del Sol que sube al monte Bateig y se leerá un manifiesto en defensa del territorio.
Según apunta la convocatoria de la concentración, "ell impacto generado por la construcción en terreno rocoso de gran pendiente sobre el ecosistema y el paisaje, así como la proximidad a las viviendas con su potencial daño a la salud de los habitantes, son razones sobradamente válidas para justificar la unión de los vecinos y vecinas frente a la ejecución del proyecto".
El manifiesto
El texto del manifiesto alerta de la "amenaza grave" que supone la construcción de una línea de alta tensión dentro del proyecto 'PSF Serol', que "traería consigo un impacto irreparable sobre el monte Bateig, alterando su paisaje, afectando a su flora y fauna y comprometiendo nuestra propia calidad de vida".
Además, recuerda que "no es solo Bateig el que está en peligro", también zonas del entorno como Salinas, Monóvar, Petrer y otras localidades cercanas. "Estos proyectos, lejos de responder a un modelo energético verdaderamente sostenible, están fragmentando nuestros paisajes, amenazando nuestra biodiversidad y afectando a nuestras comunidades sin una planificación que respete el equilibrio ambiental y social".
Sobre la modificación del trazado de la línea de alta tensión, el texto denuncia que se evita que cruce la cantera de piedra pero, en su lugar, "se ha acercado peligrosamente a las viviendas, pasando a menos de 30 metros de algunas casas. Esto supone un riesgo directo para la salud y el bienestar de las personas que viven en la zona, sin que se haya tenido en cuenta su seguridad ni su derecho a un entorno habitable y saludable".
También critican el cambio en la legislación, que "favorece movimientos especulativos por parte de grandes empresas y fondos de inversión. Son ellos quienes están decidiendo dónde y cuándo instalar estas macrocentrales, sin considerar el impacto en los territorios afectados y con el único objetivo de incrementar su beneficio económico. Este modelo energético, guiado por intereses financieros, está despojando a las comunidades de su derecho a decidir sobre su propio territorio".
Y adelanta que, "tras agotar la vía administrativa, solo nos queda la vía judicial", indicando que "los intereses económicos a corto plazo están primando sobre el bienestar general y la planificación de estas macroplantas. Ante esto, afirmamos que existen alternativas más sostenibles, que permitan la producción de energía sin destruir los espacios naturales que nos rodean. No estamos en contra del progreso, pero exigimos que se haga respetando el medio ambiente y a las personas".