ORIHUELA. La Generalitat Valenciana ha aprobado la modificación de la autorización administrativa de construcción de la planta solar fotovoltaica ‘FV El Secano’, ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, promovida por la mercantil Unigergy Renovables Haakon, S.L.. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 17 de diciembre, actualiza las características técnicas del proyecto autorizado inicialmente en septiembre de 2023 y fija una garantía económica de 96.934,88 euros para asegurar el desmantelamiento y la restauración del entorno una vez finalice su vida útil.

Según recoge el acuerdo del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, la modificación responde a los cambios introducidos durante la ejecución del proyecto para adaptarse tanto a los condicionantes municipales exigidos para la licencia de obras como a la nueva definición de potencia instalada derivada del Real Decreto 997/2025, que regula el cálculo de potencia en instalaciones fotovoltaicas, especialmente en el caso de módulos bifaciales.

Entre las principales variaciones técnicas figura la sustitución del modelo de paneles, que pasan de 706 a 816,5 vatios unitarios, lo que permite reducir el número total de módulos —de 6.216 a 5.936— pero incrementar la potencia pico total, que alcanza ahora los 4,85 MWp. También se modifica la configuración de los inversores, que se reducen de 17 a 12 unidades, con una potencia unitaria mayor, manteniéndose la potencia instalada final en 3,6 MW.

La resolución detalla además ajustes en la infraestructura de evacuación, con la eliminación del centro de protección y medida, la integración de los equipos en un único centro de transformación y la reducción a dos líneas de evacuación. Asimismo, se reduce ligeramente la superficie vallada de la instalación, que pasa a ocupar 5,2 hectáreas, y se refuerzan las medidas de integración paisajística, incrementando tanto el número como el tamaño de los olivos a plantar en el entorno.

En paralelo, el acuerdo actualiza la garantía de desmantelamiento, que deberá depositarse ante la Agencia Tributaria Valenciana antes de solicitar la autorización de explotación provisional. Esta fianza, exigida por la normativa autonómica, tiene como finalidad asegurar la retirada de la instalación y la restauración de los terrenos cuando cese la actividad.

La modificación no requiere un nuevo trámite de información pública, al amparo de la normativa vigente, y se incorpora como anexo a la autorización original concedida en 2023. Contra la resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas en el plazo de un mes desde su notificación.