VILLENA (EP). La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) ha presentado una denuncia contra el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y otras autoridades municipales, por un "presunto delito contra el patrimonio histórico en comisión por omisión por la falta de protección" del Tesoro de Villena, sustraído del Museo de la ciudad en la madrugada del jueves.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena y se formula por si los hechos relacionados con la desaparición del Tesoro pudieran ser constitutivos de una infracción penal imputable a quienes tenían encomendada su custodia.
En su escrito, la ADED advierte de que la calificación penal de los hechos denunciados resulta "jurídicamente difícil" y expone tres circunstancias que, a su juicio, explican esta dificultad. En primer lugar, recuerda que el legislador suprimió en 1995 la malversación imprudente, por lo que "la desidia en la custodia de bienes públicos, por grave que resulte", dejó de ser constitutiva de ese delito.
En segundo término, señala que quienes se llevaron materialmente el Tesoro fueron terceros que actuaron dolosamente y que "la interposición de un tercero doloso tiende a interrumpir la imputación del resultado a quien obró con negligencia".
Un bien cultural único "sin vigilancia humana en las horas de cierre"
Pese a estas circunstancias, la ADED asegura que existe "un núcleo de hechos que merece ser investigado antes de ser archivado", entre los que destaca la exposición permanente de las piezas originales de un bien de interés cultural "único en Europa" sin vigilancia humana durante las horas de cierre.
Según la información disponible actualmente, el Museo de Villena disponía de cámara acorazada, varios anillos de alarma, videovigilancia, auditorías previas y autorizaciones administrativas en vigor.
La asociación añade en su denuncia que el robo se produjo en un contexto en el que dos museos españoles habían sido asaltados en cuatro meses "con idéntico modo de operar" y en el que el propio Ministerio de Cultura había recabado en julio de 2026 información de los museos sobre sus fondos de oro.
La ADED considera igualmente "que la cuestión no puede quedar razonablemente esclarecida sin intervención judicial", dado que toda la documentación que permitiría determinar si existió o no una infracción del deber de cuidado se encuentra en poder de los propios denunciados.
En este sentido, la asociación precisa expresamente que su denuncia no afirma que se haya cometido un delito, sino que considera que existen "indicios bastantes" para practicar las diligencias que permitan determinarlo. A su juicio, acordar el sobreseimiento "sin investigación previa equivaldría, en un asunto de esta entidad, a la impunidad".
