ELCHE. La Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto de Elche ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y de la Fiscalía General del Estado la proliferación de campas destinadas al estacionamiento, depósito, custodia y gestión de vehículos en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. La entidad solicita que se valore la apertura de diligencias para esclarecer posibles irregularidades urbanísticas y medioambientales relacionadas con estas instalaciones, especialmente en las pedanías de Torrellano y El Altet, aunque el problema también afecta, según la asociación, a Balsares, Saladas, Santa Ana y Jubalcoi. El colectivo valora algunas actuaciones del consistorio en esta materia, pero considera que existen muchas más instalaciones que serían ilegales a las que se les permite la actividad.
El escrito, firmado el 15 de septiembre por el presidente de la entidad vecinal, Juan José Mateo Rocamora, plantea la necesidad de revisar la situación urbanística y administrativa de las parcelas ocupadas por estas actividades, así como las autorizaciones concedidas a lo largo de los últimos años. La asociación sostiene que parte de los terrenos rurales se ha transformado para acoger aparcamientos de grandes dimensiones y calcula que la superficie afectada rondaría las 100 hectáreas.
La iniciativa vecinal se apoya, entre otros elementos, en información difundida por el propio Ayuntamiento de Elche, documentación administrativa, publicaciones de medios de comunicación, material audiovisual y una relación individualizada de parcelas con sus referencias catastrales. El objetivo es que se compruebe si las instalaciones cuentan con las autorizaciones pertinentes y si la actividad que desarrollan y la superficie que ocupan se corresponden con las condiciones originalmente autorizadas.
- Vista área de las instalaciones.
Más de 110 campas identificadas
Según los antecedentes municipales recopilados en el escrito, el Ayuntamiento de Elche había identificado más de un centenar de campas a finales de abril de 2026. La cifra superaba las 110 instalaciones en la información municipal difundida el 26 de junio, cuando el Consistorio también comunicó que se habían realizado alrededor de 81 inspecciones por parte de la Policía Local y los servicios técnicos municipales.
La asociación destaca los datos publicados el 6 de mayo, cuando el Ayuntamiento informó de que se habían efectuado 26 inspecciones y que únicamente dos instalaciones disponían de licencia en regla. Posteriormente, en junio, se informó de nuevas inspecciones y de la revisión de la situación administrativa de las campas. El escrito subraya, no obstante, que las instalaciones presentan situaciones jurídicas diferentes y que es necesario examinar cada caso individualmente.
Entre los asuntos que los vecinos consideran prioritarios figura la revisión de las licencias provisionales concedidas en años anteriores. Según la documentación recopilada, alrededor de 30 instalaciones contaban con autorizaciones provisionales otorgadas en 2005, cuya vigencia y adecuación se estaban revisando debido, entre otros motivos, a posibles ampliaciones de superficie o cambios en la actividad inicialmente autorizada.
La asociación también reclama que se examinen las licencias concedidas entre 2002 y 2007, así como los expedientes administrativos, los informes técnicos y jurídicos y las condiciones que se impusieron a cada establecimiento.
Cuatro campas clausuradas en Torrellano
El escrito recoge, asimismo, las actuaciones municipales que culminaron con la clausura de tres instalaciones entre junio y julio de 2026. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Elche, la primera campa cerrada, en Torrellano, ocupaba aproximadamente 20.000 metros cuadrados y desarrollaba su actividad sin licencia.
El consistorio comunicó posteriormente la clausura de una segunda instalación en Torrellano Alto, que habría ampliado progresivamente su superficie hasta ocupar nueve parcelas, con capacidad para unos 3.650 vehículos. El 30 de julio se anunció el cierre de una tercera campa que, según la información municipal recogida por la asociación, había comenzado a operar pese a existir una resolución que ordenaba el cese de la actividad por falta de autorización. Este miércoles se ha anunciado el cierre de una campa.
De acuerdo con los datos reunidos en el escrito, las tres instalaciones clausuradas tenían capacidad conjunta para más de 4.500 vehículos. La asociación considera que estos casos ilustran la necesidad de comprobar no solo la existencia de licencias, sino también si las dimensiones actuales de las instalaciones y las actividades que desarrollan se ajustan a lo autorizado.
A fecha de 10 de agosto, según los antecedentes citados por la entidad, sólo tres de las más de 110 campas identificadas habían sido clausuradas y había otros expedientes en una fase avanzada de evaluación. El ayuntamiento también había señalado que algunas instalaciones anteriores a la modificación del planeamiento municipal estaban siendo estudiadas para determinar su posible regularización.
La transformación del suelo, en el punto de mira
Uno de los principales motivos de preocupación de los vecinos es la transformación física de terrenos que, según exponen, se han acondicionado para albergar aparcamientos masivos. El documento menciona movimientos de tierras, nivelaciones, aportación y compactación de zahorra, asfaltado, impermeabilización del suelo, construcción de viales interiores, vallados, casetas y modificación de accesos.
La asociación advierte de que estas actuaciones pueden alterar la permeabilidad del terreno y las condiciones naturales de drenaje, además de generar un incremento del tráfico y posibles afecciones ambientales derivadas de la concentración de vehículos. Por ello, pide que se compruebe si las parcelas afectadas están sujetas a restricciones territoriales, ambientales, hidráulicas, aeroportuarias o sectoriales y si disponían de los informes y autorizaciones exigibles.
El escrito también plantea dudas sobre el origen de algunas licencias históricas. Para ello, incorpora referencias a una entrevista emitida por TeleElx el 23 de julio de 2026, en la que participó Vicente Granero, presentado durante el programa como concejal del Partido Popular y asesor municipal vinculado al área de Urbanismo.
Durante la entrevista se abordó la concesión de licencias provisionales a campas en los primeros años de la década de 2000 y se aludió a una posible interpretación laxa de los requisitos urbanísticos. También se planteó si las instalaciones contaban con declaraciones de interés comunitario. La asociación solicita que la Fiscalía valore estas manifestaciones y, si lo considera procedente, recabe los expedientes correspondientes para comprobar cómo se tramitaron las autorizaciones.
Petición de investigación y revisión de los expedientes
Entre las actuaciones que la entidad vecinal solicita ante el Ministerio Público figuran que se valore la recopilación de la relación completa de campas identificadas por el ayuntamiento, con sus referencias catastrales, titularidad, superficie, actividad y situación administrativa, así como el acceso a los expedientes de las instalaciones incluidas en su documentación.
También pide que se revisen las licencias históricas y las posibles ampliaciones o modificaciones posteriores, que se compruebe la legalidad de las obras de acondicionamiento del terreno y que se recabe, en su caso, información de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio sobre las actuaciones relacionadas con estas instalaciones.
En paralelo, el presidente de la entidad se dirigió al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil el 15 de septiembre para trasladarle la información disponible. La Jefatura de Protección de la Naturaleza comunicó el 17 de septiembre que había recibido el mensaje y registrado la comunicación para su análisis.
