ELCHE. Tres empresas compiten por hacerse con el contrato para demoler el inmueble colapsado del barrio de Carrús, una actuación que el Ayuntamiento de Elche ha decidido acometer de forma subsidiaria después de que hayan transcurrido once años desde el hundimiento del edificio. El procedimiento de contratación avanza así con la presentación de las ofertas de las mercantiles interesadas en ejecutar los trabajos.
Según consta en la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas que han concurrido a la licitación son Demoliciones Coruña SL, Obras y Servicios P. Selva SL y Unlimited Developments SLU. Las tres propuestas figuran en el acta de apertura de las ofertas correspondientes a los criterios sujetos a juicio de valor, generada el pasado 14 de octubre.
La primera en presentar su candidatura fue Unlimited Developments, que registró su propuesta el 8 de octubre. Las otras dos empresas formalizaron sus ofertas el 13 de octubre, último día en el que constan propuestas presentadas en el documento. Obras y Servicios P. Selva lo hizo a las 11.51 horas, mientras que Demoliciones Coruña registró su candidatura a las 15.54 horas.
La licitación entra ahora en la fase de valoración de las propuestas, aunque el documento consultado todavía no identifica una empresa adjudicataria ni recoge puntuaciones definitivas. Por tanto, será necesario completar el procedimiento de contratación antes de determinar qué mercantil se encargará finalmente de ejecutar el derribo.
El contrato cuenta con un presupuesto de 135.000 euros y permitirá poner fin a una situación que se arrastra desde 2015 en el número 101 de la calle Ginés García Esquitino, junto a la plaza Primero de Mayo. Aquel año, parte de la cornisa del edificio se desplomó y provocó el hundimiento sucesivo de los forjados de varias plantas, con un herido leve y dos menores que resultaron ilesos. El inmueble quedó apuntalado, pero en 2021 sufrió un segundo colapso interior que obligó a reforzar las medidas de seguridad.
El edificio, de seis plantas y construido alrededor de 1970, permanece abandonado desde entonces. La falta de una solución por parte de sus propietarios llevó al Ayuntamiento a iniciar los trámites para intervenir directamente. En septiembre de 2024, Urbanismo declaró el inmueble en ruina y, ante la ausencia de actuaciones de los titulares, el Consistorio aprobó en junio de 2025 la ejecución subsidiaria del derribo. El proyecto técnico quedó finalizado en abril de este año.
De este modo, será el Ayuntamiento quien asuma inicialmente el coste de la demolición, aunque la intención del equipo de gobierno es repercutir posteriormente los gastos a los propietarios del inmueble, entre los que podrían encontrarse particulares o entidades bancarias.
Un derribo mecánico y más de 800 toneladas de escombros
La intervención presenta una complejidad especial por el deterioro estructural del edificio, que impide la entrada de trabajadores a su interior en condiciones de seguridad. Por ello, el proyecto descarta una demolición manual y plantea un sistema mecánico de colapso controlado, mediante maquinaria pesada y martillos picadores.
Los trabajos se desarrollarán de arriba hacia abajo, en tres fases, con medidas específicas para proteger las construcciones colindantes. Entre ellas figura la instalación de una marquesina de protección perimetral junto al inmueble de menor altura situado en la calle Hermanos Navarro Caracena.
Antes de iniciar el derribo será necesario desviar los suministros de agua y electricidad, establecer restricciones al tráfico y comprobar la posible presencia de materiales con amianto para proceder, en su caso, a su retirada especializada.
La actuación generará más de 800 toneladas de residuos de construcción, parte de los cuales se triturarán en la propia parcela para su reutilización como árido reciclado. El resto se trasladará a instalaciones autorizadas para su tratamiento. Una vez finalizada la demolición, el solar quedará vallado y se impermeabilizarán las medianeras de los edificios vecinos.
El proyecto contempla un plazo global de intervención de aproximadamente tres meses, incluyendo las actuaciones preparatorias, la demolición y los trabajos posteriores.
Con la concurrencia de estas tres empresas, el Ayuntamiento da un nuevo paso para resolver uno de los problemas urbanísticos pendientes desde hace más de una década en Carrús Este, donde el edificio continúa apuntalado en una de las zonas más densamente pobladas de Elche.
