ELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha decidido poner freno a la transformación de locales comerciales en viviendas en las principales calles y avenidas de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves el inicio de una modificación del Plan General que permitirá proteger los ejes comerciales, tanto del centro histórico como de los barrios, y ha acordado la suspensión inmediata de nuevas licencias de cambio de uso en las vías incluidas en esta delimitación. La medida pretende evitar que la proliferación de viviendas en plantas bajas termine por hacer desaparecer los espacios destinados a negocios y comercios de proximidad.
El anuncio lo ha realizado el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien ha defendido la necesidad de compatibilizar la creación de nuevas viviendas con la preservación de la actividad económica. La decisión llega en un momento de creciente transformación de bajos comerciales en inmuebles residenciales, una tendencia que se ha acelerado especialmente durante los últimos años y que, según el equipo de gobierno, amenaza con vaciar de actividad determinadas calles.
De hecho, la propia Junta de Gobierno ha aprobado este jueves siete expedientes de cambio de uso que permitirán habilitar 22 viviendas en antiguos locales comerciales. El caso más significativo es el de un establecimiento situado en la avenida de la Universidad, donde se ha autorizado la transformación de un antiguo taller de vehículos en 7 viviendas. En la calle León Sánchez, en Carrús, otro local se transformará en seis viviendas. Se trata precisamente de uno de los ejemplos que el gobierno municipal pretende evitar con la nueva regulación. Soler ha reconocido que este caso ejemplifica la problemática que se quiere abordar, especialmente por tratarse de locales de grandes dimensiones que podrían albergar establecimientos comerciales que requieren superficies más amplias.
“Si encima los locales grandes, que son los susceptibles de que puedan venir comercios, los hacemos viviendas, pues no tendremos locales”, ha advertido el vicealcalde, quien ha incidido en la importancia de conservar espacios capaces de acoger tanto pequeños negocios de proximidad como establecimientos de mayor tamaño.
La avenida de la Universidad figura, precisamente, entre las vías incluidas en la nueva delimitación de ejes comerciales, aunque la protección se circunscribe al tramo comprendido entre los números 2 y 66. La licencia concedida este jueves corresponde, por tanto, a una actuación situada dentro del ámbito que el Ayuntamiento pretende proteger de futuras transformaciones.
Además de este proyecto, la Junta de Gobierno ha autorizado dos viviendas en un local situado entre las calles Mare de Déu de l’Assumpció y Joaquín Santo, una en Pablo Picasso, otra en Enrique Pire García, otra en Blas Orts Sánchez y otras dos en Juan Sansano Ibarra. En conjunto, las siete licencias aprobadas permitirán incorporar 22 viviendas al parque residencial de la ciudad mediante la reconversión de bajos comerciales.
Más de 650 viviendas en antiguos locales desde 2023
La decisión municipal se produce después de varios años de crecimiento sostenido de este tipo de operaciones urbanísticas. Según los datos facilitados por Soler, entre enero de 2023 y septiembre de 2026 se han tramitado 521 expedientes de cambio de uso que han generado 657 viviendas en antiguos locales comerciales.
La evolución refleja una aceleración especialmente significativa durante el presente ejercicio. En 2023 se contabilizaron 59 expedientes que dieron lugar a 75 viviendas. Un año después, en 2024, las solicitudes aumentaron hasta 128 expedientes, con 168 viviendas resultantes. En 2025 se alcanzaron los 151 expedientes y 173 viviendas.
Sin embargo, solo entre enero y septiembre de 2026 ya se han contabilizado 183 expedientes que han generado 241 viviendas, superando ampliamente las cifras registradas durante todo el ejercicio anterior. En apenas nueve meses se han generado mediante este procedimiento 68 viviendas más que durante todo 2025.
Este crecimiento ha llevado al gobierno municipal a intervenir sobre una actividad que considera legítima y necesaria para ampliar la oferta residencial, pero que también puede comprometer el modelo comercial de la ciudad si continúa desarrollándose sin una planificación específica.
“Elche necesita más vivienda, eso lo tenemos claro”, ha señalado Soler, quien ha insistido en que el ejecutivo local mantiene su apuesta por los diferentes programas de vivienda. No obstante, ha advertido de que “hay que preservar esos ejes comerciales porque, si no, al final será una solución para hoy, pero un problema para mañana”.
Una suspensión limitada a los ejes comerciales
La medida no supone una prohibición general de convertir locales comerciales en viviendas. La suspensión de licencias se aplicará exclusivamente a las calles, plazas y avenidas que el Ayuntamiento ha identificado como ejes comerciales actuales o potenciales. En el resto de la ciudad podrán seguir tramitándose cambios de uso siempre que cumplan los requisitos urbanísticos y legales.
La delimitación abarca tanto el centro histórico como el ensanche y diferentes barrios. Entre las vías afectadas figuran la Corredora, Reina Victoria, la avenida de Alicante, Juan Carlos I, la avenida de la Libertad, la avenida de Novelda, la avenida de la Universidad y la calle Blas Valero, además de numerosas plazas y calles de diferentes zonas de la ciudad. En algunos casos la protección afecta a la totalidad de la vía, mientras que en otros se limita a determinados tramos.
- El listado de calles donde se ha suspendido la conversión de locales en viviendas en Elche. -
- Foto: AP.
El vicealcalde ha explicado que la selección responde a dos criterios principales: proteger las zonas donde ya existe una actividad comercial consolidada y reservar espacios en barrios donde, aunque actualmente no exista una concentración importante de negocios, se considera necesario garantizar la posibilidad de implantarlos en el futuro.
La intención es evitar que determinados barrios terminen convirtiéndose en áreas exclusivamente residenciales, sin bajos disponibles para instalar una panadería, una frutería o cualquier otro establecimiento de proximidad.
“No podemos permitir que calles que tradicionalmente han sido muy comerciales estén convirtiendo poco a poco sus locales exclusivamente en zonas residenciales”, ha defendido Soler.
En este sentido, el responsable municipal ha subrayado que el problema no afecta únicamente al centro histórico, sino también a los nuevos desarrollos urbanos y a los barrios donde la desaparición de locales podría dificultar la implantación de actividades económicas en el futuro.
Un año para modificar el Plan General
La Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación ambiental de la modificación puntual número 52 del Plan General, que establecerá los ámbitos donde se protegerá el uso comercial de las plantas bajas.
La suspensión de licencias entra en vigor con el acuerdo municipal y afecta a las nuevas solicitudes, mientras que los expedientes presentados con anterioridad continuarán su tramitación. Soler ha reconocido que el Ayuntamiento no dispone en estos momentos de una cifra exacta de las solicitudes que todavía se encuentran pendientes de resolución.
El vicealcalde ha explicado que el procedimiento de modificación urbanística tendrá una duración estimada de un año, aunque la legislación contempla un plazo máximo de suspensión de licencias de dos años. La previsión del equipo de gobierno es completar la tramitación en aproximadamente doce meses.
Durante este periodo se abrirá un proceso de participación pública para que asociaciones vecinales, comerciantes, propietarios y otros interesados puedan formular propuestas y alegaciones. Posteriormente, el documento deberá superar los trámites e informes sectoriales correspondientes antes de someterse a su aprobación definitiva por el pleno municipal.
Una vez aprobada la modificación del Plan General, la suspensión temporal dará paso a una regulación urbanística permanente que impedirá los cambios de uso residencial en los bajos protegidos.
Soler ha defendido que la intervención busca aportar seguridad jurídica y anticiparse a los problemas que podría generar la desaparición progresiva de locales. También ha reconocido que algunos propietarios pueden verse afectados al perder la posibilidad de transformar sus inmuebles en viviendas, aunque ha señalado que la planificación urbanística ya establece limitaciones de uso en otros ámbitos de la ciudad.
El vicealcalde ha insistido en que la medida no pretende perseguir a los propietarios ni obstaculizar la construcción de viviendas, sino preservar un equilibrio entre las necesidades residenciales y la actividad económica. “Se trata de proteger el comercio de proximidad, de mantener vivas nuestras calles y preservar la actividad económica tan necesaria para hacer ciudad”, ha concluido.
