ELCHE. El PSOE ilicitano pide explicaciones al alcalde Pablo Ruz tras la apertura de juicio oral a un miembro de su equipo de gobierno, en este caso, el concejal Samuel Ruiz (VOX), como ha adelantado este diario, por descubrimiento y relevación de secretos, como ya pedía la Fiscalía en 2022. "El señor Ruz tiene que entender que la apertura de juicio, la acusación de revelación de secretos y la petición de 8 meses de cárcel es algo muy grave", señala el portavoz Héctor Díez.
El concejal esgrime que este hecho "es incompatible con formar parte de la Junta de Gobierno, que es un órgano colegiado de deliberación secreta y que maneja información municipal muy sensible", expresando su preocupación al ser sexto teniente de alcalde del Ejecutivo municipal. Por ello, el PSOE de Elche insta a Ruz que actúe como alcalde y le pide "el mismo nivel de exigencia" que si hubiese ocurrido con un edil de la oposición.
"Los que venían a eliminar gastos superfluos y a regenerar la política resulta que consienten los derroches de Ruz y tienen un concejal a las puertas de los tribunales", ha concluido Díez en referencia a Vox.
La acusación
A Ruiz se le imputa que el 6 de octubre de 2020 se habría hecho pasar por José María Mazón —marido de la exconcejal de Vox en Elche, Amparo Cerdá, quien dimitió al poco de iniciar la pasada legislatura—, al llamar a la agencia de viajes de El Corte Inglés, facilitando el nombre y DNI de Mazón, para obtener la factura del viaje que había regalado a Vega (entonces diputada y presidenta provincial de Vox) y Ortolá por su viaje de luna de miel, por un valor de 2.875,49 euros.
La Fiscalía pidió en septiembre de 2022 para Ruiz una pena de 8 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena (no poder ser elegido para cargos públicos) y 8 meses de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros. Vega y Ortolá también se han presentado como acusación particular, y además de las condenas que pide Fiscalía, añaden también la petición de una indemnización por daños morales con 3.000 euros para cada uno de ellos como perjudicados, al margen de la imposición del pago las costas procesales.
