ELCHE. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha exigido este miércoles al equipo de gobierno conformado por Partido Popular y Vox que “rectifique el criterio con el que se están denegando las bonificaciones de la tasa de basura en Elche” a personas en situación de extrema necesidad.

El concejal ha expresado su preocupación por el hecho de que se estén desestimando la solicitudes de dicha ayuda a familias vulnerables, “como uno de los casos que hemos analizado de un hogar dos personas: una con un 65% de discapacidad y dependencia reconocida y, la otra, la cual cobra un subsidio para mayores de 52 años. Ambas juntas no llegan a los ingresos mínimos y la solicitud les fue denegada”. “Esto va de cuidar, no de poner trabas”, ha afirmado Valera.

En ese sentido, ha propuesto la mejora urgente de los criterios de evaluación para acceder a la bonificación de la tasa de basura: “Modificar el criterio para que se valore la renta y la dependencia, en lugar de centrarse únicamente en la jubilación, implementar una ventanilla rápida para los casos que cuenten con dependencia acreditada y fomentar la transparencia publicando trimestralmente cuántas solicitudes se han denegado y las razones detrás de cada decisión”.

Por ello, ha instado a Pablo Ruz a revisar urgentemente este sistema a fin de aplicar un criterio más justo y humano: “Si el gobierno local no rectifica, desde el Partido Socialista seguiremos luchando para que se valore de manera adecuada cada solicitud y no se deje atrás a nadie”.

Valera ha subrayado que el gobierno de PP y Vox no puede seguir afirmando que su presupuesto es “el más social de la historia” cuando está dejando fuera a las familias que más necesitan de la acción social del Ayuntamiento. “Este tipo de criterios burocráticos no responden a una gestión que mire por los más vulnerables, al contrario: los perjudica”, ha agregado.

Una valoración aplicada por la Junta de Gobierno Local

Según la normativa municipal vigente, la bonificación de la tasa de basura solo se concede si todos los miembros de la unidad familiar son jubilados, un criterio que está perjudicando a familias con personas en situación de dependencia. Un criterio que aplica la Junta de Gobierno Local —con competencia delegada— y que “impide que muchos hogares que no cumplen con los requisitos específicos de jubilación puedan acceder a la bonificación, generando más vulnerabilidad entre las familias que ya se encuentran en una situación de necesidad”.