ELCHE. El Ayuntamiento de Elche, a través de la Policía Local, ha ejecutado la clausura de una tercera campa de aparcamiento ilegal de vehículos en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, dentro del operativo municipal para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y de actividades.
La actuación corresponde a un procedimiento de clausura de una actividad que carecía de la correspondiente habilitación administrativa.
La Policía Local detectó hace varios días que la instalación había comenzado a operar y, tras comprobar el movimiento de vehículos en el interior, adelantó la ejecución de la clausura para impedir la consolidación de la actividad. La campa había sido previamente objeto de una resolución administrativa que ordenaba el cese de la actividad.
Con esta actuación ya son tres las campas clausuradas por el Ayuntamiento desde el inicio del dispositivo municipal. En conjunto, estas instalaciones podrían albergar más de 4.500 vehículos.
Además, el Ayuntamiento recuerda que las dos campas clausuradas solicitaron al juzgado la adopción de medidas cautelares para paralizar la actuación municipal, petición que, en ambos casos fue desestimada.
El dispositivo continuará en las próximas semanas. En la actualidad existen otros expedientes muy avanzados, que ya han superado el trámite de audiencia y se encuentran en fase de resolución, por lo que está previsto que sus clausuras puedan ejecutarse próximamente. Se trata de campas que iniciaron su actividad con posterioridad a la aprobación de la moción municipal del pasado 23 de abril.
En el conjunto del término municipal se han identificado más de 110 campas. Hasta el momento, la Policía Local y los ingenieros municipales han realizado alrededor de 81 inspecciones, constatando que todas las instalaciones presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica.
De ellas, 45 campas son anteriores a la modificación del Plan General y se encuentran inmersas en un procedimiento para estudiar su posible regularización. Sus titulares disponen de un plazo de tres meses para presentar proyectos técnicos, medidas de seguridad y el resto de la documentación exigida.
Asimismo, alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005 que están siendo revisadas, ya que en muchos casos han ampliado su superficie o han modificado las condiciones de la actividad inicialmente autorizada.
El Gobierno municipal insiste en que el objetivo no es cerrar actividades de forma indiscriminada, sino garantizar que todas operen en igualdad de condiciones y conforme a la legalidad. En este sentido, actuará con firmeza frente a las instalaciones que carezcan de licencia, pero siempre con pleno respeto a los procedimientos administrativos y a la seguridad jurídica de los interesados.
