ELCHE. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO denuncian que "el Ayuntamiento de Elche vuelve a dar la espalda a su personal municipal" al "torpedear" un programa de ayudas sociales del Consistorio a la plantilla en materia de gastos médicos y bienestar. "Tras semanas de titulares sobre su frágil situación económica, recortes de partidas y aplazamientos de pagos de productividad", señalan desde la FSC, el gobierno local ha decidido ahora "castigar a sus propios trabajadores, recortando derechos y torpedeando un programa de ayudas sociales que nació del diálogo entre los sindicatos y los anteriores gobiernos progresistas".
Estas ayudas, de entre 120 y 300 euros por persona, se conceden cada año para sufragar gastos médicos y de bienestar —odontología, oftalmología, fisioterapia, ortopedia o tratamientos psicológicos—, "y representan un pequeño pero importante apoyo a las familias de los empleados públicos", indican desde la central sindical, que agrega que no son un privilegio. "Son fruto de la negociación colectiva y del compromiso social alcanzado tras años de recortes y retrocesos. Sin embargo, este año el Ayuntamiento, de forma unilateral y sin negociación con los sindicatos, ha modificado los criterios y endurecido el procedimiento de solicitud".
Los recortes que denuncian
Enste sentido, esgrimen que se ha recortado en casi un mes el plazo de presentación, adelantando la fecha y reduciendo el margen que el personal tenía para generar gastos médicos, "que durante nueve años se había mantenido inalterado y era hasta la segunda semana de noviembre". Y en segundo lugar, ha obligado a la presentación presencial de las facturas en Recursos Humanos, en horario restringido de solo dos horas por la mañana y una por la tarde, "pese a que hay oficinas de la OMAC plenamente operativas y podrían haberse habilitado algunos puestos para atender a los más de mil empleados públicos que han tenido que acudir uno a uno haciendo colas en el Ayuntamiento", subrayan. Parece que sean ciudadanía de segunda.
Pero a juicio del sindicato, lo más grave es que "ha impuesto requisitos ilegales: exigiendo que las facturas vayan selladas por los profesionales o clínicas que las emiten, y que se entreguen los originales para quedarse con ellos". En este sentido, recuerdan que el Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012) es claro: el sello no es un requisito obligatorio para que una factura sea válida, siempre que contenga los datos exigidos por la normativa (número, fecha, identificación de emisor y destinatario, descripción del servicio y base imponible). Por tanto, aseguran que la obligación impuesta por la dirección de Recursos Humanos carecería de sustento legal "y puede suponer una extralimitación administrativa que deje fuera a centenares de trabajadores. Un ayuntamiento como el de Elche, que aspira a un nivel de calidad en su dirección, no se puede permitir semejante atropello".
Desde la federación aseguran que estas decisiones no son casuales, "sino una estrategia deliberada de desgaste y desincentivo. El objetivo parece claro: ahorrar dinero a costa del cansancio y la desprotección del personal municipal, empujando a muchos empleados y empleadas a desistir de solicitar una ayuda que les corresponde por derecho". "Mientras el gobierno local improvisa recortes y busca excusas para justificar su mala gestión económica, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento continúan sacando adelante los servicios públicos y resolviendo los problemas derivados incluso del reciente ciberataque. La plantilla municipal merece respeto, diálogo y soluciones reales, no imposiciones arbitrarias ni obstáculos innecesarios", denuncian.
El sindiato exige la rectificación "inmediata" de los criterios de tramitación, la ampliación del plazo de presentación, la admisión de facturas digitales y la devolución de todas las facturas originales indebidamente retenidas. Además, ahora que ha finalizado el plazo de presentación, también instan a que en el período de subsanación el Ayuntamiento corregir las deficiencias provocadas "por su propia desorganización y errores de gestión".
Para finalizar, sentencian que las ayudas sociales no son un capricho: "Son un derecho conquistado. Y los empleados públicos de Elche no son el problema, son quienes cada día sostienen la ciudad pese a las decisiones erráticas de sus gobernantes".
