ELCHE. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV cuestiona la prórroga de la concesión del Hospital del Vinalopó y exige a la Conselleria de Sanidad mayor transparencia sobre los motivos que la justifican. Este sindicato ha solicitado formalmente a la Conselleria de Sanitat, a través de un escrito dirigido al conseller Marciano Gómez, toda la documentación completa que sirvió de base para autorizar la prórroga de la concesión administrativa del Departamento de Salud Elx-Crevillent, gestionado por la empresa Ribera Salud.

Esta petición se produce, aseguran desde el dindicato de clase, tras conocerse los graves hechos relacionados con la gestión del Hospital de Torrejón, perteneciente al mismo grupo empresarial y bajo la misma dirección ejecutiva, "lo que ha generado una profunda preocupación tanto entre los y las profesionales sanitarios, como entre la ciudadanía usuaria del Departamento de Elx-Crevillent".

Según han publicado varios medios de comunicación, directivos de la concesionaria ordenaron alargar listas de espera, incentivar altas prematuras y priorizar pacientes rentables para maquillar indicadores y maximizar beneficios. Exgerentes del modelo Alzira han confirmado que no se trata de un hecho aislado, sino del auténtico modus operandi de estas concesiones. "Lo ocurrido en Torrejón evidencia la mala fe de empresas que, en el marco de la colaboración público-privada, anteponen sus beneficios a la salud de la ciudadanía y actúan con una deslealtad absoluta hacia quienes financian el servicio con sus impuestos. También son responsables los políticos que siguen respaldando este modelo, si desconocían estas prácticas, ahora tienen motivos suficientes para rescindir las concesiones; si las conocían y no actúan, son tan responsables como la propia empresa", aseguran las mismas fuentes.

CCOO advierte que esta situación podría tener repercusiones directas tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales de la plantilla, generando un clima de incertidumbre e inquietud que exige respuestas claras y verificables por parte de la Administración.

El sindicato recuerda que ya solicitó en su momento, en virtud del derecho de acceso a la información pública y del principio de transparencia, la documentación que la propia Conselleria de Sanidad consideraba determinante para justificar la prórroga de la concesión. Sin embargo, únicamente se facilitó un informe muy escueto, y solo después de que interviniera el Consejo de Transparencia.

Dicho informe, emitido por la Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital, se limita a recoger conclusiones generales favorables sobre el funcionamiento del Departamento, sin aportar los informes técnicos completos ni los indicadores detallados que sustenten esa valoración positiva. "Si el conseller sostiene que este modelo es más eficiente, tiene la obligación de demostrarlo; de lo contrario, su actuación equivale a avalar estrategias mercantilistas incompatibles con un sistema sanitario público, justo y transparente", aseguran desde CCOO-PV.

Por todo ello, CCOO exige que se facilite de manera inmediata toda la documentación necesaria que permita verificar que la actividad asistencial del Departamento de Salud Elx-Crevillent no se ha visto afectada por los hechos ocurridos en otros centros del grupo, que no se ha producido ningún impacto negativo en los pacientes, especialmente en forma de aumento de listas de espera, y que las condiciones de trabajo de los y las profesionales no se han visto perjudicadas. "La transparencia no es una opción, es una obligación".

"Este sindicato defiende una sanidad pública transparente, equitativa y plenamente orientada al interés general, no a lógicas empresariales ajenas a la función pública sanitaria. La ciudadanía valenciana merece un sistema público real, sin opacidad ni mercantilización. Así, CCOO seguirá reclamando la reversión del Hospital del Vinalopó y del conjunto de servicios privatizados, para garantizar un modelo sanitario basado en la calidad asistencial, la responsabilidad institucional y la correcta gestión de los recursos públicos", concluyen.