BENIDORM, (EFE). El agente urbanizador del plan parcial Murtal, la mercantil Prometosa Construcciones, ha desistido del contencioso administrativo que tenía interpuesto contra el Ayuntamiento de Benidorm, según ha podido saber Efe.

En este plan parcial se ha previsto la construcción de hasta 2.900 viviendas.

Ello significa que el proyecto de reparcelación es ya "definitivo y que las obras de urbanización podrán comenzar en un corto plazo" según ha confirmado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles.

La regidora ha confirmado también que hasta el consistorio ha llegado el auto del juez en el que se comunica el desestimiento del urbanizador.

Este sector ocupa 907.656 metros cuadrados en la zona de Poniente y se encuentra paralizado desde hace diez años por diversos litigios judiciales.

El suelo fue adjudicado a Prometosa Construcciones en 2000 y no fue hasta un año después cuando se presentó el primer proyecto de urbanización.

La aprobación definitiva de la Conselleria llegó en 2003, pero hasta 2006 no se suscribió el convenio urbanístico con el ayuntamiento. Sin embargo, desde entonces los litigios y problemas han impedido los avances en el sector.

Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, el ayuntamiento debía inscribirlo en el Registro de la Propiedad para, a partir de entonces, iniciar los plazos para la urbanización. Ese trámite quedó paralizado debido al contencioso, aunque ahora ya ha quedado desbloqueado.

A partir de ahora, tras la inscripción en el Registro, "la mercantil tiene un plazo de 36 meses para finalizar la urbanización del suelo", ha indicado Caselles.

Según el convenio firmado entre ambas partes en 2006, el urbanizador deberá depositar hasta 8,5 millones de euros en varios plazos. Aquel año entregó 1,2 millones y ahora dispondrá de 60 días para abonar algo más de un millón tras la inscripción de la reparcelación.

Seis meses después deberá aportar tres millones a las arcas municipales y el resto, con posterioridad, hasta alcanzar los 8,5 millones.

Esas cantidades derivan de la normativa que se estableció hace años y que obliga a los urbanizadores a pagar al Ayuntamiento 60 euros por cada metro cuadrado del sector.

Lo que parece claro, según Caselles, es que tras no haber ya proceso judicial alguno "no existe ningún trámite que pueda demorar más el desarrollo del plan parcial".