ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que da la razón a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos y le devuelve la condición de adjudicataria del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, adelantada en exclusiva este viernes por Alicante Plaza, ha caído como un jarro de agua fría en el consorcio de la Vega Baja, que ahora preside el socialista Manuel Pineda. El consorcio se había resistido a volver a licitar el plan, después de que en la etapa de Luisa Pastor como presidenta se decidiese rescindir el contrato por incumplimiento (la UTE no inició las obras), por la incertidumbre sobre el sentido del fallo. El mazazo del TSJ parece avalar esa estrategia.
El Alto Tribunal, al contrario que la Audiencia Provincial, que inicialmente dio la razón al consorcio, entiende que no se puede hablar de incumplimiento por parte de la UTE. La clave está en que tanto Albatera como Cox, los dos emplazamientos propuestos para albergar el vertedero comarcal, modificaron sus planeamientos urbanísticos para vetar ese tipo de actividad, lo que imposibilitó que la UTE de Ortiz iniciase las obras. Aún cabe recurso en casación ante el Supremo, tal como se indica en la sentencia, pero de momento el fallo añade más incertidumbre si cabe al futuro del plan zonal. Sobre todo, porque el consorcio ya tiene muy adelantada la tramitación de la planta de transferencia de Dolores y la red de ecoparques, que forman parte del paquete.
