DÉNIA (EFE). El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja del Comité de Empresa de Marina Salud que denunció la presunta falta de información sobre la operación de venta de las acciones entre los socios DKV Servicios y Ribera Salud SA de la concesión administrativa de Marina Salud SA.

Por consiguiente, el Síndic investigará los motivos que han propiciado la queja, al considerar que se puede haber conculcado los derechos de los trabajadores del departamento de salud.

El motivo de la queja es "la ausencia de información al Comité de Empresa de Marina Salud sobre las acciones legales realizadas y pendientes de realizar por la Conselleria de Sanitat i Salut Pública contra la venta irregular de acciones entre los socios DKV Servicios y Ribera Salud SA de la concesión administrativa de Marina Salud SA".

El Comité de Empresa alegaba que había pedido información en relación con esa operación de venta de acciones a la Conselleria de Sanidad y a la de Transparencia, sin haber obtenido, sostenía, "ninguna respuesta hasta este momento".

En la resolución de inicio de investigación, a la que ha tenido acceso Efe, el Sindic señala que, "del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable, se deduce que la inactividad de las consellerias de Sanidad Universal y Salud Pública y de Transparencia podría afectar al derecho" de los promotores de la queja "a una buena administración".

A este respecto, concreta que tienen derecho "a obtener respuesta expresa en los términos de la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y transparencia".

La resolución, firmada por el adjunto segundo al síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Carlos Castillo Márquez, solicita de las consellerias antes citadas que en el plazo de un mes den informe "detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado".

En su queja, el Comité de Empresa pedía también al Síndic que "se interese" sobre "si la operación de compra y venta accionarial se va a realizar mediante la simple fórmula de 'toma de razón', en contra de la normativa vigente y de lo que señalan los informes previos de la Abogacía de la Generalitat, en vez de requerir la autorización expresa y previa de la Administración (...)".

Además le pedía que "se interese" sobre "si se han emprendido acciones legales, en qué momento del procedimiento se encuentran" y que les "informen de las actuaciones realizadas", tal y como han solicitado "a Presidencia, a la Conselleria de Sanitat y a la Conselleria de Participación i Transparencia, sin obtener -afirma- ninguna respuesta hasta este momento".

En su queja, el Comité de Empresa desglosaba las diferentes solicitudes que ha elevado a la administración autonómica y a Marina Salud respecto a esa operación de venta accionarial.

En concreto, señalaba que el pasado 26 de agosto registró un escrito ante Presidencia y ante la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Transparencia.

En dicho escrito reclamaba que "se paralice e impida la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud", alegando, entre otras razones, el "incumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los trabajadores, al no ser informado con antelación el Comité de Empresa y no poder realizar informe con carácter previo".

También aducía que, "con esta operación mercantil, se vulnera la Ley de Salud de la C.V. 8/2018 de 20 de abril, (preámbulo VI), la cual pone limitaciones a la adquisición de títulos accionariales o participaciones de los entes públicos, con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios".

Argumentaba, igualmente, la "necesidad de autorización previa y expresa de la Conselleria de Sanitat, según informe jurídico de la Generalitat Valenciana firmado en mayo de 2016". .