ALICANTE (EFE). El secretario general de Confederación Empresarial de Alicante (Coepa), José Ramón Lillo, ha negado hoy ante la juez que la patronal incurriera en un presunto fraude con subvenciones del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Lillo ha comparecido esta mañana como testigo en el juzgado de Instrucción 9 de Alicante en relación con la querella presentada por la Conselleria de Economía contra Coepa.

La Generalitat acusa a los responsables de la confederación empresarial alicantina de presunto fraude y apropiación indebida por no justificar más de dos millones de euros en ayudas concedidas por el Servef para la construcción de un centro de formación. Según la querella, las supuestas irregularidades se produjeron entre 2005 y 2010 e incluyeron la duplicidad de facturas por los mismos trabajos.

A su salida del juzgado, Lillo ha explicado a los periodistas que su declaración judicial ha servido para reiterar la postura de Coepa de negar cualquier tipo de irregularidad en su centro de oficios y formación, que costó cerca de 6,8 millones de euros. Según ha dicho, el Servef solo tuvo en cuenta para presentar la querella las facturas relativas a un único proveedor, cuando en estas obras "han intervenido más de cien".

A juicio de la patronal, los tres millones que recibió del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para este proyecto es "un préstamo y tiene una naturaleza mercantil", por lo que, en su opinión, "no es incompatible" con los 3,8 millones aportados por el Serfev. El secretario general de la patronal investigada ha justificado que se presentaran las mismas facturas a ambas instituciones porque "son expedientes diferentes y en cada caso tenían una finalidad".

Así, para obtener el crédito del IVF "había que certificar que el centro se estaba construyendo", ha precisado el testigo, quien ha recordado que Coepa ha devuelto ya 225.000 euros de ese préstamo. En líneas generales, de acuerdo con su testimonio, la institución empresarial "cumplió con las condiciones" que el Servef y el IVF plantearon para destinar fondos públicos al proyecto.

Lillo y el abogado de la institución empresarial han exhibido ante la juez documentación que, según su versión, acredita los pagos de los 6,8 millones presupuestados para el proyecto y que aportarán en breve por escrito al procedimiento. A preguntas de la Abogacía de la Generalitat, el secretario general de Coepa ha asegurado que el centro de formación de esta patronal "sí ha tenido actividad" durante los años objeto de investigación.