ALICANTE. La adscripción de retribuciones a los representantes políticos de la Diputación Provincial de Alicante da al traste con las posibles expectativas de mejoras salariales que pudiesen albergar las formaciones que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante. La reasignación de sueldos registrada en la institución provincial ha acabado privando a la diputada y concejal del Partido Popular (PP), Cristina García, de emolumentos en régimen de dedicación exclusiva (llegó a disponer de ellos hasta el 31 de agosto), por lo que acabará percibiendo esa misma asignación con cargo a los presupuestos municipales, a contabilizar desde el 1 de septiembre. 

Y esa misma circunstancia concurre por lo que respecta al diputado y concejal del PSOE, Raúl Ruiz, al que su grupo político le concedió una dedicación parcial en el Ayuntamiento, y que tampoco dispondrá de sueldo en régimen de dedicación exclusiva en la institución provincial, al no haber accedido a una de las cuatro asignaciones completas de las que disponía el grupo socialista en la corporación provincial.

¿Qué consecuencias conlleva esa situación? Básicamente, que no existirá la posibilidad de repartir ninguna asignación en régimen de dedicación exclusiva que pudiese haber quedado vacante entre ningún otro miembro de la corporación municipal, como el mismo alcalde, Luis Barcala, llegó a contemplar durante el desarrollo del pleno de régimen y organización municipal celebrado el pasado julio.

Con esa adscripción de sueldos definitiva en la institución provincial, los 14 concejales del PP que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante mantendrán sus sueldos al 100%. El PSOE, con ocho concejales, dispondrá de las mismas cuatro retribuciones acordadas en julio, y Vox, con cuatro representantes, dispondrá de dos.

Por su parte, Compromís seguirá contando solo con dos dedicaciones parciales para sus dos representantes, mientras que el único edil y portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también contará con esa misma asignación parcial, ya que con los sueldos distribuidos entre PP, PSOE y Vox se alcanza el máximo de 20 retribuciones completas que pueden llegar a distribuirse entre los 29 concejales de la corporación, en función de lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local para un municipio del tamaño demográfico de Alicante.