El PP de Alicante pide respeto a la presunción de inociencia a los acusados de 'Brugal'

ALICANTE. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha pedido este martes "respeto a la presunción de inocencia" tras conocerse el auto de procesamiento por las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El juez que investiga este caso ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.

En un comunicado, el portavoz del grupo municipal popular ha dicho que mantienen "la misma postura" y que solicitan "exactamente lo mismo que en el caso Rabasa: que se deje trabajar a los tribunales, porque el gran problema de los juicios paralelos que se hacen interesadamente es que muchas veces se quedan en nada".

   "Lo hemos visto con los asuntos de Rabasa y el de Andrés Llorens" (vicealcalde popular de Alicante durante la anterior legislatura), ha puesto como ejemplo Barcala.

El portavoz popular ha lamentado también "la lentitud" del caso del PGOU de Alicante, que, según ha asegurado, "lleva siete años de instrucción". "Una justicia lenta no es justicia", ha sentenciado Barcala, quien ha manifestado que "hay que respetar la presunción de inocencia de todas las personas y tratar con respeto estas cuestiones".

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

Por otra parte, el pasado 21 de julio, la Audiencia de Alicante absolvió a Llorens de los delitos de prevaricación y falsedad documental por las obras de remodelación de una plaza