ALICANTE. El pulso político sobre la subida de los recibos de la basura sigue vivo en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), pretende intensificar los contactos con el conjunto de los grupos de la oposición que estén dispuestos a negociar sobre las condiciones de ese incremento con el propósito de que la revisión de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos pueda aprobarse en pleno.
Para ello, los populares -que gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29- necesitan del apoyo o la abstención de uno de las cuatro formaciones opositoras: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y prevén seguir manteniendo contactos con sus representantes en busca de un acercamiento, a pesar de que los técnicos del departamento de Hacienda hayan emitido un informe de resolución de enmiendas en el que se propone el rechazo de todas las sugerencias aportadas por los tres grupos que conforman el eje progresista: los tres que formularon propuestas.
A grandes rasgos, el dictamen técnico justifica la desestimación de las sugerencias formuladas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con un argumento similar: que las variaciones propuestas en forma de bonificaciones o de redistribución de tramos suponen un descuadre respecto a los costes del servicio reflejados en la memoria económica elaborada por el Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. Y ello sin que se añada un nuevo cálculo en el que se acredite el equilibrio entre recaudación y costes al que se debe dar cumplimiento con la revisión de la tasa para cumplir con la normativa. En otros casos, se concluye que, sencillamente, los planteamientos formulados no tienen encaje legal, como la posibilidad de gravar a los propietarios de más de una vivienda, por ejemplo.
No obstante, el equipo de gobierno prevé obviar las conclusiones de ese informe técnico en la medida de lo posible, toda vez que se trata de recomendaciones que, en último término, quedan bajo criterio político. Es decir, que el PP está dispuesto a no tener en cuenta la propuesta de los técnicos para incorporar algunos de los planteamientos formulados por la izquierda. Sobre todo, en puntos que tengan que ver con la introducción de una mejora en la progresividad de los recibos ajustada al nivel de renta.