ORIHUELA. El perito, dentro del Caso Brugal, que realizó informes para firmas como Gobancast (dentro de la UTE de las basuras de Orihuela) y para Colsur, asegura que no hubo perjuicio económico para el Ayuntamiento en el período de 2009 a 2012 cuando la unión de empresas prestó el servicio de gestión de residuos para la ciudad oriolana. Así, afirmó que desde el punto de vista financiero no había un sobrecoste ni perjuicio económico durante la época en la que Colsur y Proambiente gestionaban las labores. "Es evidente, miremos por donde miremos, da pérdidas para las firmas, no hay forma de sacarles números negros, siempre son rojos". Además, según su experiencia ante el tribunal, concluyó que durante el momento de gestión de la UTE, "el dato que más se acerca a la realidad fue el del informe realizado por la acusación particular del Ayuntamiento de Orihuela, más que lo que decía la Fiscalía".
El perito explicó que, desde el segundo trimestre de 2006 a 2008, momento en el que Colsur prestaba el servicio de gestión de residuos -sin contrato-, mientras se fraguaba la nueva contrata que daría mayor puntuación a Urbaser, no habría perjuicio económico. El perito, a preguntas de la Defensa, aseguró en este sentido, que "llama poderosamente la atención y es muy relevante, que la propuesta de Urbaser era de casi 8,5 millones de euros. El servicio que prestaba Colsur y Proambiente, al menos desde 2005 costaba unos 5,5 millones de euros por año, un coste menor". El perito añadió que en ese primer concurso, la oferta de Colsur fue de 7,1 millones de euros, cifra menor que Urbaser y recalcó que "Sin entrar en consideraciones jurídicas, solo económicas, si deflactamos y corregimos los sesgos del informe municipal sale menor el coste de servicio de Colsur que el municipalizado, en tres millones al año, es muy relevante".
En concreto, en sus informes, el perito aclaró que su documento, a petición de Gobancast, hacía una crítica de cuantificación al escrito de acusación de la Fiscalía sobre la posible responsabilidad civil de la UTE. El perito realizó ajustes en lo que consideraban puntos erróneos. Donde el documento decía que había una cuantía impagada de 2,5 millones de euros, el hace reajuste de cuentas. También realizó otro ajuste de IVA, sacando el impuesto de la cuantificación. Para el perito, el informe Fiscal contenía incorrecciones metodológicas y las cifras siempre eran de pérdidas para la empresa que prestaba los servicios. En su declaración aseguró que la cuantía de la acusación del Ayuntamiento de Orihuela sí era metodológicamente correcta pero, según el perito contenía sesgos que también ajustó en su informe. En cualquier caso, según el Ayuntamiento las pérdidas de la UTE sería de 315.000 euros y, según la realidad de cuentas de la UTE, la pérdida ascendería a 2,4 millones de euros.
Dentro del turno de la Fiscalía, las preguntas al perito fueron encaminadas a conocer si el perito tuvo en cuenta en su comparación de precios entre el servicio de Colsur al municipalizado a partir de 2012, que el de Colsur actuaba en la Costa y el municipal actuaba también, en casco y pedanías, con lo que sería lógico incrementar el precio a tenor de un servicio mayor. El perito aseguró que solo se centró en aspectos económicos y cuantías, y no servicios.
