BENIDORM (EFE). El titular del juzgado de instrucción número 2 de Benidorm, que sigue la causa de las contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm durante el mandato del socialista Agustín Navarro, ha citado a declarar como testigos a la exconcejal socialista Mariola Fluviá y al todavía edil Conrado Hernández.

Ambos tendrán que acudir al juzgado el próximo día 28 para prestar declaración a petición del propio Agustín Navarro, con quien compartieron gobierno hasta 2011 en el caso de Fluviá, y hasta 2015 en el caso de Hernández.

Esta declaración se une a la que también deberá prestar el mismo día el coordinador de Recursos Humanos en época socialista, Daniel Caneiro, aunque éste lo hará en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, según consta en la providencia del juez, a la que ha tenido acceso Efe.

En esta causa, además, están siendo investigados el exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal Juan Ramón Martínez y la exjefa de Personal Carmen Navarro, a quienes se les acusa de tres presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en la modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El caso deriva de una denuncia formulada por el Sindicato Profesional de Policía local y Bomberos (SPPLB) por la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían sido para personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE de Benidorm.

Igualmente se investiga la concesión de pluses, complementos de productividad y ascensos de algunos funcionarios afines entre 2009 y 2012.

Todo aquello supuso un desfase presupuestario de 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal y contó con los reparos del departamento de Intervención, que fueron levantados por el entonces alcalde.