ALICANTE. El Ayuntamiento de Benidorm aprobará en el próximo pleno del lunes la subida de la tasa de la basura un 70%. El alcalde, Toni Pérez, ha comunicado esta decisión que se cobrará en el recibo del próximo 2024. La propuesta se apoya en la aplicación de las leyes autonómicas y nacionales que ha incrementado un 129% el coste anual que soporta el Consistorio. Pasa de los 2.318.000 euros de 2021 a los 5.310.000 euros de 2023. En 2022 ya se incrementó, pero decidieron asumirlo con recursos propios y no repercutirlo a la ciudadanía.

A su vez, ha anunciado la subida del IBI que se planteará el para el próximo lunes, aunque no ha concretado cuánto. De momento, ha dicho el alcalde, está esperando los últimos informes antes de elevar la propuesta. Si bien es cierto que ha señalado que no llegará al 0,825, que es a lo que llegó en 2012, aludiendo a la gestión del PSOE en aquella época.

El primer edil anunciaba estas medidas en una rueda de prensa que comenzó recordando la subida de los costes de los servicios que presta el Consistorio. En un marco de "incertidumbre económica a nivel nacional" donde sube la cesta de la compra, el precio de los combustibles, la energía, etc. que termina repercutiendo en las cuentas de la administración local. En su introducción al anuncio posterior, quiso remarcar que bajaron la deuda del Consistorio en su mandato, que en 2015 alcanzaba los 93 millones de euros. Cancelando la deuda anticipadamente en dos años, a pesar de las consecuencias de la pandemia.

En este contexto, recordó, se bajó el IBI en dos ocasiones (pasando del 0,682 al 0,667), se suspendió la tasa de mesas y sillas en terrazas, o se redujo el ICIO, entre otras medidas al tiempo que se lanzaban ayudas a la población por valor de 23 millones de euros. A lo que se añade la subida del IPC "en el último decenio del 21%", el incremento de los sueldos y del Salario Mínimo Interprofesional, y otras cuestiones que han ido afectando a las cuentas del Consistorio.

A todo ello, reconoció, había contribuido que el gobierno central permitiera dirigir el remanente de tesorería a ayudas. Una suspensión de la regla que se prevé que deje de funcionar y se vuelva a destinar para la reducción de la deuda o a inversiones.