En febrero de 2016 publicamos en la revista Plaza un reportaje sobre el negocio de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos, un regalo primero del gobierno de Zaplana y luego del de Camps a costa de la maltrechas arcas de la Generalitat —de nuestros impuestos— que dura ya 20 años y que ha beneficiado principalmente —hasta donde sabíamos— a dos familias encabezadas por Vicente Saus Mas (Eresa) y Carlos Paz Figueroa (Inscanner-Beanaca), este último fallecido en 2012. (Por si quieres leerlo, está disponible aquí: parte 1 y parte 2)

Nos parecía un escándalo que la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (Grupo Ascires), la empresa de los Saus, explotara las resonancias públicas a un coste mucho mayor que en los pocos hospitales donde se mantenía la gestión pública —la colaboración público-privada se justifica por el menor coste—, con más resonancias por 1.000 habitantes que en ningún lugar de España, sin prácticamente ninguna vigilancia por parte de la Conselleria de Sanidad, con 'errores' de facturación a favor de la empresa... Todo esto se supo después de sendos informes de la Sindicatura de Comptes (2013 y 2016) y uno de la Intervención General. ¿Y qué pasó? Pues nada.