VALÈNCIA. La consulta sobre la lengua base del alumnado de los centros públicos y concertados de la Comunitat Valenciana ha llegado a su fin tras siete días de votaciones marcados especialmente por una serie de problemáticas con las que las familias se han encontrado a la hora de participar en el proceso con el que elegir el idioma que tendrá un mayor peso en la educación de sus hijos a partir del próximo curso. Alrededor de 570.000 familias estaban llamadas a votar en un proceso en el que finalmente "más de la mitad" de ellas han participado, según explicó este martes el conseller de Educación, José Antonio Rovira, cuando faltaba en torno a dos horas para que se cerraran las votaciones.
"Estamos de enhorabuena", valoró Rovira sobre un dato de participación que apuntó que es "muy superior" a la de los procesos de elección de los consejos escolares de centro, en los que participa en torno al 11% del censo. Tras ello, señaló que tanto "la izquierda como asociaciones como la Gonzalo Anaya o Famílies pel Valencià querían que el poder de decisión lo dejásemos en los consejos escolares de los centros a los que las familias solo votan en torno a un 11%" mientras que "la participación en esta consulta va a ser muy ampliamente superada".
Unas declaraciones a las que el sindicato STEPV reaccionó apuntando que "un porcentaje de poco más del 50% es un fracaso de la medida estrella de la Conselleria de Educación y del Gobierno valenciano": "Eso explica por qué el Conseller de Educación envió el pasado sábado una carta a las familias insistiendo en que debían de votar, ya que el porcentaje no era el que se esperaban", consideraron desde la formación sindical. Además, para STEPV este porcentaje "manifiesta claramente que ni las familias ni la comunidad educativa en general pedían esta consulta". En este punto, cabe mencionar que, en el caso de que la familia de un alumno no haya elegido ninguna de las dos lenguas, será el centro el que, de oficio, elija el aula para el próximo curso según sus necesidades organizativas.
Más allá de la cifra de participación - que será concretada y ampliada en una rueda de prensa este miércoles - la semana que ha durado esta consulta ha estado marcada por varios "errores" en el proceso que han afectado a las familias participantes, lo que ha derivado en una serie de reclamaciones que el departamento que dirige José Antonio Rovira ha asegurado que "atenderá" y "estudiará". Por ejemplo, este mismo lunes la asociación Famílies pel Valencià denunciaba que no se permitía participar a las familias con menores en acogida o en proceso de adopción.
Desde este organismo criticaban que la Conselleria no incluira un procedimiento específico para estas familias y aseguraban que la situación no se aclaró hasta después de que empezara el proceso de votación. Un caso al que se suman otras problemáticas recogidas por la asociación como es el caso de las quejas de familias con Número de Identidad de Extranjero (NIE) y a las que el sistema no ha reconocido sus datos en algunos casos, lo que les ha impedido llevar a cabo este proceso. En este sentido, Famílies pel Valencià aseguró haber recibido cientos de críticas con errores en la votación.
Otras incidencias de la consulta estuvieron más vinculadas con el sistema de votación. Por ejemplo, la web en la que se debía participar se colapsó durante los primeros minutos después de que se abriera el proceso. Una cuestión sobre la que el propio Rovira explicó el pasado jueves que si más de 3.000 personas votaban al mismo tiempo, el sistema podía colapsar. "Pero aquello fueron creo que 15 minutos o 20 minutos como mucho. Ese colapso que se solucionó", aseguró. Otra cuestión de mayor calado fue que las familias denunciaron que si votaban desde un móvil en formato vertical no les aparecía la opción para elegir el valenciano. "Es simplemente ponerlo en horizontal para poder votar", respondió el conseller a esta problemática antes de añadir: "No hay ningún problema, es un defecto de la app o lo que sea para poder hacer la votación. Pero lo demás estaba perfectamente solucionado".
Ese mismo día, Plataforma per l'Ensenyament concedió una rueda de prensa en la que explicó algunas otras problemáticas y cuyos miembros aseguraron que no descartaban ir a los tribunales. En cualquier caso, este mismo lunes el conseller de Educación aseguró que el Gobierno valenciano "estudiará si hubo algún error" en la web de la votación y que "atenderá las reclamaciones" de las familias. En declaraciones a los medios en Alicante, aseguró que los "errores" se produjeron "el primer día sobre todo" con el colapso de la plataforma, algo que "pasa con cualquier evento".
Compromís amplía el recurso ante el TSJCV
También este lunes, Compromís amplió su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la orden que regula esta consulta. Con esta ampliación, la formación exige la anulación de la consulta "por la falta de garantías de la votación telemática". "El malestar en las familias es enorme, se piden algunos elementos de adscripción en centros educativos muy confusos, que la Consellería no aclaró hasta pasados unos días, cuando muchas familias ya habían votado y no tienen la posibilidad de rectificar. Esto supone o que les anulan el voto o que pierden puntos cuando se tenga que competir cuando no haya suficientes plazas en la lengua que han escogido", manifestó este lunes el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana.
Desde la formación denunciaron que "se obliga a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, un elemento importante con jurisprudencia suficiente" y que "no hay una custodia de voto que garantice seguridad y un seguimiento democrático de esta consulta". "Por ejemplo, en el proceso de admisión telemática, las familias podemos rectificar información durante todos los días en que la plataforma telemática está abierta. En esta consulta, no. Rellenas sin saber si lo has hecho bien, votas y ya no puedes corregir nada", aseguró Fullana en un comunicado recogido por Europa Press.
STEPV prepara un recurso contra la consulta
Por otro lado, STEPV aseguró este martes en un comunicado que está preparando un recurso contra la orden que regula la consulta. Este documento será presentado "próximamente al Tribunal Superior de Justicia" e incluirá "las numerosas incidencias detectadas durante el proceso de votación", así como las supuestas "irregularidades cometidas por la Conselleria de Educación" que han recopilado desde el sindicato.
Además, STEPV también manifestó que no entendía como la Conselleria no prolongó el periodo de votación teniendo en cuenta que más de 1.600 centros educativos valencianos "(cerca del 80% de los llamados a la consulta)" tuvieron este martes las clases suspendidas, por lo que "las familias que tenían previsto ir a los centros a votar no lo pudieron hacer". En cualquier caso, estaba previsto que la votación en la consulta fuera telemática y que únicamente lo hicieran desde los centros aquellas personas que no tuvieran un dispositivo electrónico con acceso a internet.
Los resultados se publicarán este jueves en los centros
Por otro lado, desde la Conselleria de Educación explican en un comunicado que los listados de alumnos con la lengua base elegida por las familias será publicado este jueves. Según señalan desde el departamento autonómico, los listados a publicar serán generados a través del generador de informes del sistema de información ITACA-GAC. "Con el fin de mantener las garantías de privacidad presentes en todo el proceso, el único dato que aparecerá en los listados es el Número de Identificación del Alumnado (NIA), sin nombres ni apellidos", aseguran.
Cabe mencionar que estos listados se publicarán en los tablones de anuncios del interior de los centros y "en ningún caso" podrán ser distribuidos en la página web ni en "otro medio de difusión" del centro educativo. Los familiares de alumnado desplazado a otros centros educativos tras los daños causados por la Dana, cuentan con una serie de puntos alternativos donde ver estos resultados. Mientras que las familias que detecten algún error en estos documentos tendrán un mes para interponer un recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación.
