VALÈNCIA. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha defendido que los servicios mínimos establecidos por la Generalitat Valenciana en la pasada huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana tenían como intención "proteger a los más vulnerables, que son los alumnos". En este sentido, Ortí se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de que suspenda la mayoría de los servicios mínimos al considerar que existe una "lesión" o "vulneración" del derecho a la huelga, tal y como publicó este periódico.
Ortí, durante la rueda de prensa de inicio del curso escolar, ha remarcado que el alumnado "es el centro y la razón de ser de la educación". En este sentido, ha asegurado que los servicios mínimos establecidos fueron los que la Generalitat consideró como "esenciales" con la intención "proteger no solo el presente, sino el futuro de los alumnos", siempre "respetando el derecho legítimo a la huelga".
"Los alumnos no podían no ser evaluados, porque eso limitaba poder continuar con sus estudios", ha remarcado la titular de Educación, que ha puesto especial énfasis con los servicios mínimos planteados para las evaluaciones de finales de etapa y la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). "Esta decisión se tomó considerando esta excepcionalidad como servicios esenciales, protegiendo a los más vulnerables, que son los que tienen que sufrir las consecuencias de posibles situaciones de discrepancia", ha añadido.
La consellera ha remarcado que Educación "lo volvería a hacer": "No me parece que fuese lógico que nuestros alumnos no pudiesen haber participado en las PAU y que los puestos de nuestras universidades hubiesen sido cubiertos por alumnos de otras comunidades autónomas". En cualquier caso, ha señalado que acatarán "las decisiones que los órganos superiores tomen en ejercicio de sus competencias".
Tal y como explicó este periódico, la fiscal solicita al TSJCV que anule cinco de los nueve servicios mínimos establecidos en una primera resolución. También pide la nulidad de otras dos resoluciones que se publicaron posteriormente que la Generalitat publicó posteriormente para determinar los servicios esenciales relacionados con la preparación y realización de los exámenes de selectividad.
La fiscal alude a cuestiones como la "justificación extremadamente genérica" en algunos de los servicios mínimos o los servicios "desproporcionados" en los tribunales de las PAU. Ahora es turno de que el TSJCV se pronuncie al respecto tras el escrito de la Fiscalía, lo que podría derivar en cambios en los servicios mínimos si los sindicatos decidieran reactivar la huelga indefinida que, cabe recordar, actualmente se encuentra suspendida.
