VALÈNCIA. La Conselleria de Educación empieza desarrollar la reorganización de Inspección Educativa tras la creación de diez nuevas plazas. Una resolución publicada este miércoles distribuye los nuevos efectivos entre las tres provincias valencianas, de manera que la Territorial de Alicante tendrá seis nuevos puestos; la de València sumará otros tres; y la de Castellón contará con un profesional más para cubrir este servicio. El incremento de inspectores, además, irá acompañado de la creación de nuevas zonas de intervención de manera que se "equilibre" la carga de trabajo entre profesionales.
Cabe mencionar que este movimiento se produce meses después de que Vox introdujera en los Presupuestos de la Generalitat de 2026 una partida de 800.000 euros para aumentar el número de inspectores educativos ante las nuevas funciones de control introducidas vía ley de Acompañamiento. El departamento que encabeza Carmen Ortí utilizó este espaldarazo para incrementar en diez una plantilla que se situaba en 130 profesionales desde hacía años pese al incremento del número de alumnos y funciones encargadas.
Tras determinar el aumento de la plantilla, ahora es el turno de su reparto territorial. La distribución, según detalla el Consell, responde a un análisis de la Inspección General de Educación sobre la carga de centros ponderada y la tramitación de expedientes disciplinarios. El documento sitúa en Alicante el número medio de centros por inspector más elevado de la Comunitat Valenciana.
Reorganización de las zonas de actuación
La incorporación de estos efectivos, señala la resolución, "exige configurar nuevas zonas de intervención" con el objetivo de reducir la carga media de trabajo de estos profesionales. De esta manera, se prevé la creación de tantas zonas como nuevos inspectores asignados en cada provincia.
El documento fija una serie de "principios" para regular este proceso. En este sentido, se mantendrán las circunscripciones, los inspectores en servicio no cambiarán de zonas de intervención y cada área conservará "más del 50% de los centros que la integraban inicialmente". Además, se aboga por una "mínima intervención" en la que solo se segreguen "los centros necesarios para construir nuevas zonas".
La intención, prosigue la resolución, es lograr un equilibrio de la carga de trabajo, de manera que las zonas resultantes procuren un "volumen equilibrado" entre los inspectores de diferentes territorios. La Generalitat, además, establece que se "garantizará" la continuidad del servicio de inspección durante esta reorganización de manera que prosigan las actuaciones inspectoras que estén iniciadas y se "minimice el impacto organizativo" sobre los centros.
Cada Inspección Territorial propondrá nuevas zonas
Corresponde a los Inspectores Territoriales de Educación de cada provincia formular una propuesta de configuración de las nuevas zonas de intervención teniendo en cuenta los citados principios. En el caso concreto de Alicante, sus seis nuevas zonas se distribuirán "preferentemente" entre las circunscripciones en las que los inspectores tengan mayor carga laboral.
Todos ellos deberán acompañar la propuesta de una memoria que recoja la carga antes y después de la organización, la relación de centros segregados, la circunscripción de cada zona, así como la justificación del cumplimiento de los citados principios.
Antes de formular la propuesta definitiva, se dará audiencia a los inspectores cuyas zonas resulten afectadas. Posteriormente, los profesionales dispondrán de dos días hábiles para presentar alegaciones; y, tras resolverlas, la Dirección Territorial autorizará la distribución definitiva. La resolución remarca que las nuevas zonas "se adjudicarán exclusivamente a las inspectoras e inspectores que ocupen los nuevos puestos" creados.
Mientras esta adjudicación se produce, los centros afectados seguirán siendo atendidos por el responsable de la zona de origen. Por regla general, los inspectores que iniciaron procesos en los centros segregados mantendrán dichos expedientes hasta su cierre. La resolución también establece un mecanismo de supervisión de estos cambios: será la Inspección General de Educación la que haga seguimiento de la aplicación de las nuevas reglas y pueda proponer los ajustes necesarios a la Secretaría Autonómica.
