VALÈNCIA. El Consell empieza a aplicar los recientes cambios normativos introducidos por PP y Vox en materia de Inspección Educativa. En concreto, la Generalitat Valenciana considera que la actual dotación de efectivos "resulta insuficiente" para atender "el progresivo incremento de las funciones" otorgadas a estos profesionales, que se suman al aumento de centros educativos, alumnos y profesores. Por ello, el Ejecutivo autonómico ve necesaria la creación de diez puestos de inspector de educación que permitan garantizar "el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión, evaluación, asesoramiento y control que tiene encomendadas la Inspección Educativa".
Así se desprende de un acuerdo del Consell publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El documento, en la práctica, cumple con una de las reivindicaciones que Vox introdujo en Presupuestos autonómicos de 2026 con el apoyo del PP. La formación que encabeza Santiago Abascal destinó 800.000 euros del montante de gastos diversos al aumento del número de inspectores ante las nuevas funciones planteadas vía ley de Acompañamiento.
El acuerdo adoptado por el Ejecutivo autonómico autoriza transferir esta cantidad a los gastos de personal de Administración general de enseñanza y relaciones sindicales de la Conselleria de Educación, de manera que el departamento que encabeza Carmen Ortí pueda hacer frente a "las obligaciones económicas derivadas de la creación de los nuevos puestos" que permitirán incrementar una plantilla que se sitúa en 130 profesionales desde hace años, pese al incremento del alumnado.
De hecho, en el decreto aprobado en enero para, entre otras cuestiones, permitir una subida salarial a los inspectores educativos, el Consell ya abría la puerta al aumento de efectivos al reconocer que este "se ha mantenido inalterado durante años, sin correspondencia con el incremento sustancial del alumnado, profesorado y complejidad del sistema educativo".
De velar por la "neutralidad ideológica" a un canal de denuncias
En cualquier caso, los voxistas plantearon un buen número de exigencias al PP en materia educativa durante las recientes negociaciones de las leyes de Presupuestos y Acompañamiento, especialmente por lo que respecta al cuerpo de Inspección Educativa. En este sentido, Vox planteó y el PP apoyó que los inspectores tengan entre sus funciones el hecho de "velar por la neutralidad ideológica en los centros" mediante la supervisión de que "las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares" se mantengan "ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento".
La modificación de la normativa que rige las funciones de los inspectores no quedó ahí, sino que se amplió para que la Conselleria de Educación ponga en marcha canales de comunicación para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda transmitir "hechos que pudieran afectar al cumplimiento de la normativa educativa, a los derechos del alumnado o al adecuado funcionamiento de los centros docentes".
El canal deberá funcionar con cierta agilidad, pues la Inspección deberá hacer una valoración inicial de las comunicaciones "en un plazo orientativo no superior a diez días hábiles", con la posibilidad de realizar "actuaciones prioritarias" en los casos en los que se desprendan "indicios razonables de posibles incumplimientos de especial relevancia" o situaciones que puedan colisionar con la seguridad o derechos del alumnado.
Durante el trámite de la ley de Acompañamiento, Vox también logró incluir con el respaldo de los populares varias reformas para obligar al alumnado a "mantener el rostro sustancialmente descubierto" o remarcar que "los directivos, los docentes y el consejo escolar" deben "velar por la neutralidad ideológica" evitando "cualquier forma de adoctrinamiento ideológico".
Rechazo del Gobierno, la oposición y los sindicatos
Las críticas a estas modificaciones legislativas no tardaron en llegar: varios sindicatos lo tildaron de una "caza de brujas" a los docentes valencianos, mientras las fuerzas de la oposición, PSPV y Compromís, lo bautizaron como una suerte de "policía educativa" o "policía política". De hecho, Compromís anunció que llevaría la norma al Defensor del Pueblo y que abrirá un canal de denuncias para que el profesorado pueda denunciar supuestos casos de "acoso" por la "policía ideológica" en las aulas.
Tanto la delegada en el Gobierno en la Comuntat, Pilar Bernabé, como la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, han asegurado recientemente que el Ejecutivo central estudia llevar al Tribunal Constitucional estos cambios normativos. Mientras tanto, el sindicato UGT ha llevado un escrito de denuncia ante la Alta Inspección de Educación del Estado al considerar que los cambios en Inspección suponen "una clara vulneración de la normativa estatal y derechos constitucionales como la libertad de cátedra".
Desde el Consell, en cualquier caso, defienden que "ningún profesor va a ser perseguido". "Eso no es cierto y no se ajusta a la realidad", aseguró el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que sí abogó por que exista "libertad de pensamiento" en las aulas valencianas. En términos similares se pronunció posteriormente la consellera Carmen Ortí, que aseguró que la Inspección Educativa "no perseguirá a nadie" y será "neutral como ha sido siempre"
