Por todas es sabido que Elche se sitúa a la cabeza de los municipios cuyo modelo productivo se basa en la economía sumergida para ser competitivo en el mercado nacional e internacional, e incluso a nivel mucho más cercano: para competir entre sí las tiendas o cafeterías de cada barrio o pedanía.

Las razones están claras: a través de la economía sumergida se reduce el coste de producción o prestación del servicio, dado que aquellas entidades que defraudan a Hacienda declarando menos ingresos, o gastos que no tienen, pagan menos impuestos; al igual que quienes dan de alta en la Seguridad Social menos horas de las reales o no cumplen con el pago de la nómina según el convenio colectivo, tienen un menor coste salarial y de cotizaciones a la Seguridad Social.

Esto les permite tener unos precios más bajos y, por tanto, competir con ventaja con el resto de actividades de su entorno. Por otro lado, pueden hacer frente a las crisis con un simple “mañana ya no hace falta que vengas” o con despidos con un coste mucho más bajo que si pagaran el salario correcto. 

Basta un paseo por Elche y sus pedanías para comprobar que en sus escaparates se ofertan mejoras en el precio, casi nunca en la calidad de los productos o los servicios. ¿Quién no recuerda  la proliferación hace un par de años de establecimientos de hostelería cuyo reclamo era el “caña y tapa 1,50 €”?. Más producto, más barato. Una fórmula que, para quienes conocemos la hostelería, sonaba a fraude fiscal y a la Seguridad Social, por no mencionar la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

¿Cómo es posible que estas situaciones sean conocidas por toda la ciudadanía y, por tanto, también por quienes están en el Ayuntamiento, y que éste no fomente las actuaciones de oficio por parte de la Inspección de Trabajo? Se trata de un fenómeno curioso cuyas posibles razones darían para muchas reflexiones.

Alguien podría pensar que este modelo de ciudad puede ser maravilloso, pues permite competir de una forma más fluida así como afrontar las crisis económicas con mayor solvencia y seguridad. La realidad le sacaría de su error. En primer lugar, la economía sumergida afecta a corto y a largo plazo, a la salud de los ilicitanos e ilicitanas, víctimas de este sistema de largas jornadas de trabajo, en muchos casos en condiciones infrahumanas. La ansiedad y la depresión son consecuencias casi inevitables ante la situación mencionada y la inseguridad de qué se va a cobrar cada semana o con qué humor va a llegar el jefe: es fácil confundir la ausencia de contrato con la de derechos, y este modelo implica elegir entre soportar acoso laboral o el terror a perder el empleo y quedarse sin nada.