ALICANTE (EFE). Un total de 10 de los 36 ciudadanos preseleccionados por el sistema de sorteo aleatorio han presentado los denominados boletines de excusa para no formar parte del Tribunal del Jurado en el juicio por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala.

La vista previa para evaluar las excusas presentadas por esos candidatos a jurado se celebrará el lunes 30 de septiembre. En esa cita, la magistrada que presidirá la sala junto a las acusaciones y la defensa de Miguel López -yerno de la víctima y único acusado del supuesto asesinato-, resolverán si los argumentos esgrimidos para no participar en el proceso se ajustan o no a los supuestos establecidos en la Ley del Jurado.

Las causas que se consideran justificadas para no actuar como jurado son ser mayor de 65 años, haber ejercido dicho papel en los últimos cuatro años, desempeñar un trabajo relevante de interés general que resulte de imposible sustitución o tener residencia en el extranjero, por ejemplo.

En el caso de que se admitiesen los 10 boletines de excusas, se seguiría disponiendo de 26 precandidatos. De ellos, en el arranque del juicio, deben elegirse once: nueve titulares y dos suplentes. Para su selección, las partes pueden recusar a un total de 8 aspirantes: 4 las acusaciones y 4 la defensa.

María del Carmen Martínez falleció tras recibir dos disparos en la cabeza mientras retiraba su coche del lavadero del concesionario Novocar de Alicante, entonces gestionado por la familia, en la noche del 9 de diciembre de 2016.

El único acusado por el presunto asesinato es el yerno de la víctima, Miguel López, para quien la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por el hijo primogénito de la familia, Vicente Sala Martínez-, solicitan 24 años de prisión. Su defensa, por su parte, pide la libre absolución al considerar que la investigación por la que se le incrimina se basa en meros indicios sin valor probatorio.

El juicio arranca el próximo 14 de octubre y su desarrollo está previsto hasta el 17 de noviembre. Se trata de un proceso largo con hasta 17 sesiones en las que se han programado 91 comparecencias entre testigos y peritos.

Para su celebración se ha habilitado una sala especial con aforo para unas cien personas en las dependencias del Palacio de Justicia de Benalúa ante la expectación pública generada por el suceso.