ALICANTE. La Fiscalía solicita doce años de prisión para el expresidente del Granada CF Enrique Pina, al que considera cooperador necesario de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública cometidos entre 2013 y 2015. La misma pena reclama para Gino Pozzo, señalado como autor de los hechos, y para Raffaele De La Riva y Jordi Trilles, también acusados en calidad de cooperadores necesarios.
El Ministerio Público sostiene esta petición en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, de cara al juicio que comenzará el próximo día 10 en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los delitos investigados corresponden a presuntas defraudaciones superiores a los 600.000 euros en cada uno de los tres ejercicios fiscales, mediante la utilización de sociedades interpuestas.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que el Granada responda penalmente como persona jurídica con tres multas que suman 26,9 millones de euros: 1,9 millones correspondientes al ejercicio 2013, otros 17 millones por el de 2014 y ocho millones por el de 2015.
Según el relato de la acusación, los investigados habrían diseñado una estrategia fraudulenta a largo plazo que comenzó a ejecutarse tras hacerse con el control del club nazarí en 2009. Su objetivo habría sido desviar artificialmente a Luxemburgo las plusvalías generadas por los traspasos de futbolistas, evitando así su tributación en España y obteniendo un importante beneficio económico en perjuicio de las arcas públicas.
Para ello, siempre según la Fiscalía, los acusados recurrieron a una estructura financiera articulada alrededor de la sociedad luxemburguesa Fifteen Securitistation SA, que aparentemente proporcionaba financiación al Granada mediante un contrato de cuentas en participación. Este mecanismo permitía al club afrontar la contratación de futbolistas profesionales a cambio de ceder a la citada entidad el 95% de los ingresos derivados de sus posteriores traspasos.
El Ministerio Público considera que aquella operativa encubría en realidad un sistema destinado a trasladar fuera de España los beneficios obtenidos por el Granada en el mercado de fichajes, eludiendo las correspondientes obligaciones tributarias.
En cuanto al grado de participación de los procesados, la Fiscalía atribuye a Gino Pozzo, propietario del club durante el periodo investigado y beneficiario de las sociedades instrumentales utilizadas, la autoría de los tres delitos fiscales agravados. Por su parte, sitúa como cooperadores necesarios a Enrique Pina, entonces presidente del Granada; Raffaele De La Riva, titular y administrador de Fifteen Securitistation SA; y Jordi Trilles, integrante del consejo de administración de la entidad rojiblanca y representante de la sociedad luxemburguesa.
La acusación pública solicita igualmente la imposición de sanciones económicas a los procesados, además de las correspondientes responsabilidades civiles y el pago de las costas procesales.
Condena reciente recurrida
Cabe recordar que Quique Pina ya fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de prisión por cinco delitos contra la Hacienda Pública, al considerar probado que defraudó 2,86 millones de euros en el IRPF entre 2012 y 2016. Aquella sentencia, recurrida por el empresario murciano, no es firme.
Pina también cuenta con pasado en el Hércules CF, cuya parcela deportiva quedó en sus manos durante la temporada 2013/14 merced a un acuerdo con Enrique Ortiz. Aquella alianza, que se tradujo en la confección de una plantilla que terminó descendiendo a Segunda División B, no fue su única vinculación con el fútbol alicantino: posteriormente mantuvo contactos con distintos actores del balompié provincial e incluso llegó a valorar su entrada en el capital social del Elche CF, aprovechando su buena relación con el entonces presidente franjiverde, Diego García.
