VALÈNCIA/ALICANTE. La estabilidad financiera de tres de los principales clubes de fútbol de la Comunitat Valenciana vuelve a convulsionarse por un episodio que todos creían cerrado y enterrado: los avales del Insituto Valenciano de Finanzas (IVF) que recibieron hace 15 años.

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) ha reabierto la investigación por posibles ayudas de Estado en relación con los avales prestados por el IVF, entidad dependiente de la Generalitat, a favor de Valencia CF, Hércules CF y Elche CF. Un asunto que parecía zanjado a favor de los clubes después de que la Justicia europea les diera la razón y anulara las decisiones de la Comisión, que sostenía que las tres sociedades anónimas deportivas (SAD) habían recibido ayudas de Estado ilegales y debían pagar cantidades millonarias equivalentes a la supuesta ayuda.

Han pasado seis años en el caso del Hércules CF, cinco en el del Elche CF y tres en el del Valencia CF desde que el asunto quedó zanjado por los tribunales, pero ahora la CE ha decidido volver a la carga.

El departamento europeo de Competencia, del que es comisaria la española Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la CE, comunicó la reapertura del caso el pasado 25 de julio a las autoridades españolas, que a su vez informaron al IVF, ya que Bruselas ha solicitado a la entidad dependiente de la Generalitat una serie de informes y documentos.

Las tres SAD también han sido informadas y sus abogados están ya, de nuevo, preparando la defensa de los intereses de los clubes, defensa que en la primera investigación resultó exitosa.

La decisión de la Comisión Europea de 2016, anulada por los tribunales, obligaba a los clubes a pagar al IVF las siguentes cantidades: Valencia CF, 20,38 millones de euros; Hercules CF, 6,14 millones, y Elche, 3,67 millones. A ello había que añadir los intereses desde que se concedieron los avales, intereses también millonarios que en 2018, la última vez que la CE instó al IVF a reclamar el dinero, ya elevaban esas cantidades por encima de los 23, 7 y 4 millones, respectivamente.

Ayudas de Estado

El origen de estas "ayudas de Estado" prohibidas a ojos de la Comisión Europea, pero no de la Corte de Luxemburgo, se encuentra en tres avales que prestó el IVF no directamente a los clubes, sino a las fundaciones del Valencia CF, del Hércules CF y del Elche CF, por ese orden, sobre préstamos de diferentes entidades financieras hoy desaparecidas como tales: Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Banco de Valencia.

El objetivo de estos préstamos era que las fundaciones suscribieran ampliaciones de capital aprobadas por cada uno de los clubes para fortalecer sus fondos propios y dotarse de músculo a la hora de cumplir con obligaciones aplazadas, como las deudas con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fundación del Valencia CF recibió en 2009 un aval público del IVF para un préstamo de Bancaja de 75 millones de euros con el que la organización sin ánimo de lucro se hizo con la mayoría accionarial de Valencia CF SAD. Este préstamo y su aval se ampliaron un año después en 6 millones, al tener la Fundación que refinanciar el principal, incluyendo los intereses vencidos y los gastos. Este aval quedó sin efecto en 2014 cuando Peter Lim compró la participación mayoritaria de la Fundación.

En 2010, la Fundación del Hércules CF recibió una garantía de la misma entidad pública para un présatamo de la CAM por 18 millones de euros.

Al año siguiente, la Fundación del Elche CF fue beneficiaria de dos garantías del IVF para sendos préstamos que sumaban 14 millones de euros, 9 millones de la CAM y 5 de Banco de Valencia.

El 18 de diciembre de 2013, la Comisión Europea, cuyo comisario de Competencia era otro español, Joaquín Almunia, abrió un procedimiento de investigación formal sobre la posible ayuda de estado de España en favor de los tres clubes. Según informó en su día la CE, la investigación se abrió a raíz de "artículos publicados en la prensa e información enviada por los ciudadanos en 2012 y 2013".

Casi tres años después, en julio de 2016, la CE concluyó que los avales era "ilegales" porque no habían sido notificados y eran "incompatibles con el mercado interior", e instó al Reino de España a "recuperar la ayuda estatal incompatible" por los importes antes citados (Valencia CF, 20,38 millones; Hercules CF, 6,14 millones; Elche, 3,67), más los intereses.

Gol en los tribunales

Los tres clubes iniciaron entonces una batalla judicial que se cerró satisfactoriamente para sus intereses al estimarse las demandas de nulidad interpuestas contra la decisión de la CE.

En el caso de Hércules y del Elche, el Tribunal General de la Unión Europea falló a su favor en sendas sentencias de 2019 y 2020, respectivamente.

El Valencia hubo de esperar hasta 2022 para obtener la tutela judicial definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), toda vez que la CE recurrió en casación la sentencia del Tribunal General, dictada en 2020, que le daba la razón igual que en los otros dos casos.

Los cuatro fallos de Luxemburgo (los tres de primera instancia y el de casación, con condenas en costas a la Comisión) venían a concluir, de manera bastante contundente, que había falta de motivación en la decisión de recuperación. Entre otras cuestiones se ponía el acento en una incorrecta valoración de las garantías y de la situación económica y financiera de los clubes y sus respectivas fundaciones.

El TJUE recriminaba a la Comisión que no había hecho el trabajo necesario para obtener pruebas y le afeaba que no podía suponer que una empresa había disfrutado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado "basándose en una mera presunción negativa", fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria.

Tres años después del último revolcón judicial, la CE ha desempolvado el expediente para reiniciar la investigación, de acuerdo con los requisitos y las garantías para los investigados que los tribunales echaron en falta.

El IVF afirma que colaborará

A preguntas de este periódico, el IVF ha evitado opinar sobre la reapertura del caso y solo ha expresado que colaborará en lo que le pidan las autoridades europeas.  

En una respuesta por escrito, la entidad que dirige Enrique Montes explica que la petición de información por parte de la CE, que debe responder antes del 30 de septiembre, "será atendida con la máxima diligencia y transparencia por parte del IVF, quien ya ha mantenido los primeros contactos con miembros de estos clubes para trasladarles la petición recibida por parte de la Comisión e instarles a colaborar en pro de una pronta resolución de este nuevo procedimiento".

Como ha hecho desde el principio, con tres directores diferentes, el IVF reafirma su convencimiento de que su actuación en la concesión de los avales a las fundaciones de los clubes "se realizó dentro de la legalidad y de los procedimientos y condiciones habituales en aquel momento".

"El IVF pondrá a disposición de los órganos europeos todos los datos, documentos y antecedentes necesarios para esclarecer los hechos objeto de análisis y poder contribuir así a la resolución de este procedimiento en un clima de máxima colaboración y respeto a las decisiones de los órganos europeos", añade el escrito, que concluye con un mensaje de "respaldo" a los clubes valencianos y su "confianza" en que esta investigación "tenga una resolución favorable para los intereses de estas entidades que conforman una parte tan importante para el patrimonio deportivo y cultural de la Comunitat Valenciana".