ALICANTE. Los principales problemas administrativos a los que se enfrenta un sector inmobiliario en recuperación son en esencia los mismos que antes de la pandemia: profusión normativa en ocasiones contradictoria, planes generales obsoletos enfrentados al código de edificación, y falta de personal en los ayuntamientos para supervisar los proyectos. Todo ello se conjuga para que otorgar la licencia de obra en dos meses, como establece la ley, se haya convertido en misión imposible. 

Así lo constataron este miércoles los participantes en la mesa técnica del Foro Inmobiliario de Alicante Plaza, celebrado en el auditorio del centro Regus de Alicante con el patrocinio de Alibuilding, Levantina, el Colegio de Aparejadores y la agencia Cyma. La primera mesa, moderada por el director de Alicante Plaza, Miquel González, reunió a la concejal de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, al de Alicante, Adrián Santos, al presidente de los aparejadores, Carlos Casas, y al socio director de Inur Abogados, Rafael Moreno, para abordar el marco legal del sector.

Leyes obsoletas y contradictorias

Caselles admitió que "no se cumplen los plazos, el 99% de las licencias se dan pasados más de dos meses, y si hay subsanaciones, nos vamos al año y medio de media". Eso sí, defendió que "la declaración responsable ha agilizado los trámites, aunque nos meten muchos goles". Además de "marear por los distintos criterios de los técnicos", defendió que "tenemos un déficit de personal". Santos, su homólogo en Alicante, añadió como problema "la obsolescencia del PGOU y los parches que se le han ido poniendo, de forma que un mismo solar puede estar afectado por tres normativas diferentes". El edil defendió el sistema de proyectos prioritarios de Alicante, que ha permitido agilizar algunas inversiones. Y apostó por "refundir las normativas para evitar la confusión".