ALICANTE (EFE).- Un funcionario de prisiones ha sido condenado a penas que suman un año y nueve meses de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación, así como a una multa de 720 euros, por vender teléfonos móviles a reclusos del Centro Penitenciario Alicante I. La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante y a la que ha tenido acceso Efe, le declara autor de un delito de cohecho y otro de pertenencia a organización criminal.

Por esos mismos delitos ha sido condenado a las mismas penas un ciudadano paquistaní que regenta una frutería en la ciudad y proporcionaba al empleado público los teléfonos para su posterior venta, al tiempo que le pagaba por sus servicios. Ambos acusados reconocieron los hechos y se declararon culpables durante el juicio, que se celebró el pasado 6 de julio, al alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que incluía una rebaja de las penas.

La Audiencia ha acordado ahora conceder al funcionario la sustitución de las penas de prisión por 2.520 euros de multa, mientras que ha suspendido también la ejecución de la condena al frutero.

Según el fallo, Federico E.A., perteneciente al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se aprovechó de su cargo para introducir en la cárcel de la partida alicantina de Fontcalent varios teléfonos móviles entre agosto de 2013 y febrero de 2014. El funcionario vendía luego esos terminales, que están prohibidos en el interior del recinto, a los presos por cantidades que oscilaban entre los 200 y los 500 euros por pedido.

Federico E.A. recogía los aparatos en la frutería de Alicante donde trabaja el otro acusado, Muhammmed K.S., quien también le "pagaba por sus servicios", tal y como establece la resolución judicial. El funcionario fue detenido en la propia prisión alicantina la noche del 14 de febrero de 2014 por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que le incautaron un maletín con dos teléfonos y sus respectivos cargadores preparados para su venta a internos.