ALICANTE.- Los procesos de promoción interna del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante para cubrir 74 puestos de mando han quedado bajo sospecha después de que se haya planteado la posible filtración de algunas de las preguntas utilizadas en las pruebas celebradas el pasado mes de abril.
En concreto, los procesos corresponden a 40 plazas de cabo, 23 de sargento y 11 de suboficial. Ante las sospechas surgidas en torno a la elaboración y custodia de las preguntas, algunos bomberos que optaron a esas plazas han presentado una solicitud ante el Consorcio para acceder al expediente completo de los tres procesos y conocer cómo se confeccionaron y protegieron las pruebas antes de su realización, según ha podido saber Alicante Plaza.
El escrito sostiene que han aparecido "informaciones y elementos" que apuntarían a la posible existencia de "un acceso previo, indebido o privilegiado a preguntas que podrían haber sido utilizadas para elaborar los exámenes tipo test". De confirmarse, señala la solicitud, los hechos podrían afectar a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y objetividad que deben regir los procesos de acceso al empleo público. La petición persigue obtener la documentación necesaria para comprobar de forma objetiva si se produjo alguna actuación incompatible con las garantías que debían presidir los procesos selectivos.
Quieren conocer quién tuvo acceso a las preguntas
La solicitud reclama el expediente íntegro de los procesos de cabo, sargento y suboficial, incluidas las actas de los tribunales calificadores y las actuaciones incorporadas a cada procedimiento.
Pero uno de los principales objetivos es reconstruir el recorrido de las preguntas desde su elaboración hasta su transformación en los exámenes. Para ello, se pide identificar a las personas a las que el Consorcio hubiera solicitado la elaboración o propuesta de preguntas, así como obtener las comunicaciones mediante las que estas fueron remitidas al Consorcio.
También se reclama identificar a la empresa externa encargada de la confección material de los exámenes y conocer las comunicaciones mantenidas entre esta y el Consorcio. La solicitud incluye los contratos, encargos, presupuestos, facturas y expedientes de contratación relacionados con el servicio.
El escrito pide además información sobre las medidas de custodia, seguridad y confidencialidad adoptadas para impedir que los aspirantes pudieran conocer las preguntas antes de realizar las pruebas. También pregunta expresamente si, una vez conocidos los hechos denunciados, el Consorcio Provincial realizó alguna investigación, comprobación interna, informe o diligencia de verificación.
Correos, metadatos y registros de acceso
La solicitud reclama a los responsables del Consorcio Provincial que se preserve de forma inmediata toda la documentación y evidencia relacionada con los hechos. Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos, comunicaciones internas y externas, archivos digitales, registros de envío y recepción, metadatos, documentos originales de las baterías de preguntas y sus diferentes versiones. El objetivo es determinar quién pudo acceder a las preguntas y cuándo. Por ello reclama información sobre las personas responsables de su recepción, recopilación y custodia; las fechas y horas en las que fueron recibidas; el sistema utilizado para su envío; y la identidad de quienes tuvieron acceso a las distintas versiones de las baterías.
También se pide conocer si las preguntas fueron modificadas, seleccionadas, depuradas u ordenadas entre su recepción por el Consorcio y su entrega a la empresa encargada de confeccionar los exámenes. En caso de existir, se reclaman los historiales de versiones y los registros informáticos de acceso, descarga, copia, modificación, impresión o transmisión de los archivos.
El departamento de formación, en el punto de mira
La solicitud reclama que se entreguen las pruebas que, según se afirma en el documento, parecen haber sido comprobadas por responsables del servicio junto con otras personas para corroborar que las pruebas entregadas habían sido extraídas de dispositivos pertenecientes al departamento de formación. Este extremo aparece recogido en la solicitud como una cuestión que se pide aclarar y documentar. El escrito aportado no permite por sí solo determinar qué pruebas fueron examinadas, quién realizó esas comprobaciones ni cuál fue exactamente su resultado.
Ante la situación planteada, también se reclama la adopción de medidas cautelares mientras se realizan las comprobaciones necesarias. En particular, se solicita que se valore la suspensión de las actuaciones relacionadas con la realización, corrección o continuación de las pruebas afectadas si fuera necesario para preservar la integridad de los procedimientos.
La solicitud sostiene que estas medidas no supondrían prejuzgar la existencia de una filtración, sino garantizar la igualdad entre los aspirantes y evitar que una eventual irregularidad pudiera producir efectos irreversibles.
El escrito concluye reclamando al Consorcio que facilite la documentación solicitada, preserve las posibles pruebas y responda de forma motivada a cada uno de los extremos planteados. En caso de que finalmente se acreditase alguna irregularidad, plantea la posibilidad de que se depuren las responsabilidades correspondientes y, entre otras consecuencias, que pudieran anularse las pruebas y retrotraerse los actos al momento de presentación de instancias.
