VALÈNCIA. El debate del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 ha marcado el inicio de la semana en Les Corts Valencianes. El articulado de la norma ha salido adelante sin sobresaltos: Vox y PP han escenificado su unidad sacando adelante las enmiendas propuestas por ambas formaciones. "Sincronía total", ha apuntado con cierta ironía el presidente de la comisión y diputado del PSPV, Toni Gaspar, al terminar las votaciones.
Se trata del apartado más técnico de la norma, pues no determina las partidas presupuestarias, sino más bien la ejecución de las mismas. Por ejemplo, tal y como publicó este periódico, el PP pidió modificar parte de este articulado para incluir la nueva fórmula de jubilación parcial pactada entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de la enseñanza concertada. En este bloque también se han incluido Antifraude, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura y el Consell Jurídic Consultiu. Todo ha terminado con los mismos votos a favor, los siete que suman en esta comisión PP y Vox.
El debate ha arrancado con vehemencia. El diputado del PSPV José Díaz ha apuntado hacia el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que ha afeado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “sigue sin confirmarle” como candidato en las próximas autonómicas, mientras “Vox sigue marcándole el paso”. Frente a ello, ha señalado: “Nosotros hemos presentado una alternativa”. Una propuesta que, como contó este periódico, parte de los 3.669 millones de euros que recibiría de más la Comunitat Valenciana si sale adelante el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España.
Para este diputado, el PPCV no rechaza el modelo de financiación “porque tenga una alternativa mejor, sino porque prefiere perjudicar a los valencianos que contradecir a Génova”. También ha criticado que el Consell presenta “planes, estrategias, presentaciones e infografías” mientras “las familias siguen sin poder emanciparse y los jóvenes no encuentran una vivienda pública”.
Por su parte, la parlamentaria popular Mari Carmen Contelles, ha considerado que las 4.000 enmiendas socialistas son “un espectáculo de magia” y un “cajón de sastre de enmiendas” sin “rigor presupuestario”. “Sus enmiendas son para hacer postureo parlamentario”, ha afeado al PSPV.
En esta línea, Contelles ha definido las propuestas de los socialistas como “ocurrencias improvisadas y fórmulas que no tienen ni fundamento jurídico ni encaje técnico”. En esta línea, ha asegurado que se plantea la inclusión de elaborar informes técnicos sobre gasto sanitario en apenas siete días: “Son documentos complejos, internos y que no están pensados para ser enviados en ese tiempo”. “Eso no es mejorar la gestión, es poner palos en las ruedas”, ha sentenciado la diputada.
También desde el PP, Noelia Císcar ha defendido las enmiendas populares empezando primero por una defensa firme de las cuentas planteadas por el Consell: “Es la principal obligación de cualquier gobierno responsable”. “Frente a los que viven con el bloqueo, nosotros presentamos unos presupuestos útiles”, ha añadido.
Según Císcar, las enmiendas populares para este bloque buscan “una mayor seguridad jurídica” en la ejecución presupuestaria: “No usamos las enmiendas para introducir modificaciones dispersas, sino para que las políticas públicas se ejecuten con la mejor eficacia”. Desde el PSPV, la diputada Noelia Pina ha considerado que los populares introducen “menor control democráctico” y “mayor arbitrariedad del Consell”. “Es el modelo de la derecha de siempre”, ha considerado la socialista, que ha reclamado que el dinero se gestione “con transparencia, control y verificación”.
Vox defiende el aumento a la financiación de residencias
Por su parte, Vox únicamente ha presentado una enmienda a esta parte de las cuentas autonómicas. Tal y como contó este periódico, el grupo que encabeza José María Llanos en el parlamento valenciano plantea elevar entre 150 y 300 euros al mes los costes de referencia que abona la Generalitat por estos recursos de atención a la dependencia. Una cuestión que en comisión se ha defendido con el objetivo de “resolver los problemas reales de las personas”.
Desde Compromís, el diputado Carles Esteve ha considerado que la enmienda de Vox pide a la Generalitat que “pague más” a las empresas que gestionan las residencias mientras “las familias vamos a pagar exactamente lo mismo”. “Las empresas van a ganar más, igual esto es la prioridad nacional”, ha añadido Esteve.
Según el diputado, varias de las gestoras cuentan con sedes en Reino Unido, Noruega o China, por lo que ha ironizado con una supuesta "national priority" por parte de Vox en materia de residencias. La parlamentaria Ángeles Criado ha usado el turno de réplica para hablar de los escándalos de corrupción del PSOE a nivel nacional.
