VALÈNCIA. La sanidad pública valenciana asumió un coste de 80,6 millones de euros que no llegó a facturar entre los ejercicios 2012 y 2024. Se trata de un montante que corresponde a los gastos por la asistencia a personas no acreditadas y que, por tanto, no puede ser compensado por el Gobierno central u otras administraciones en el caso de que se tratara de pacientes procedentes de otras regiones o países.
Se trata de un dato estimado que revela el informe de auditoría operativa publicado este viernes por la Sindicatura de Comptes sobre la compensación de los gastos de atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas de otras regiones. El documento, tal y como ha contado este periódico, evidencia la crítica situación de la Comunitat Valenciana en este aspecto, pues en 12 años ha acumulado casi 1.200 millones de euros pendientes de compensación, especialmente por parte del Gobierno de España.
Más allá de esta cifra general, uno de los detalles más destacados es, precisamente, la atención a pacientes no acreditados. En la práctica, son personas que acceden a los servicios sanitarios sin haber acreditado en ese momento su derecho a recibir asistencia con cargo a fondos públicos. No obstante, el sistema garantista que caracteriza la sanidad pública española permite que estas personas sean atendidas pese a no haber presentado una tarjeta SIP o documento equivalente.
El ente que encabeza Vicent Cucarella remarca que la Comunitat Valenciana "ha asumido inadecuadamente los gastos sanitarios" de este perfil de pacientes que, en parte, podrían ser personas con "bastante capacidad económica" al analizar la distribución por departamentos de salud
En esta línea, la Sindicatura señala que los controles de la Conselleria de Sanidad en torno al acceso a servicios sanitarios por personas no aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud son "ineficaces e ineficientes". Y añade: "Se han producido situaciones de acceso de pacientes sin acreditación y facturación no cobrada de prestación sanitaria a pacientes privados".
"No se les puede negar la atención"
En el informe, destaca la mención a una visita realizada al Hospital La Fe, en la que "los responsables" trasladaron al órgano estatutario "posibles situaciones de abuso en el acceso a urgencias hospitalarias". En este sentido, y según la Sindicatura, existen casos en los que los pacientes no presentan la acreditación, simplemente, porque "no la traen consigo y no se les puede negar la atención sanitaria".
En estos escenarios, los pacientes se clasifican como "acreditación desconocida" o "caducada", sin un protocolo "adecuado que permita detectar estas posibles irregularidades". La situación, prosigue la Sindicatura, también se extiende a Atención Primaria y consultas externas.
En la práctica, todo ello impide la facturación de los costes de asistencia sanitaria que, obligatoriamente, debe prestarse y que, según las tasas vigentes de la Generalitat, acumula un coste de 80,6 millones de euros en los últimos 13 años. Ahora bien, la acumulación de este importe no ha sido sostenida, sino que se ha ido intensificando en los últimos años: mientras en 2012 apenas se atendieron 7.465 pacientes, con un coste de 1,2 millones de euros; en 2024 fueron 50.936 pacientes, elevando el desembolso a los 15 millones.
Algo más de la mitad del importe acumulado, el 50,6%, se ha desembolsado en asistencia hospitalaria (urgencias, hospitalización y farmacia), mientras la Atención Primaria (urgente, no urgente y farmacia) representa el 47% del total. Por tanto, el gasto en consultas externas y radiodiagnóstico es muy reducido.
Mayor presión en áreas "eminentemente turísticas"
El panorama analizado por la Sindicatura de Comptes muestra, además, una situación relativamente dispar por departamentos de salud. La Fe es el que ha asumido un mayor coste por este concepto en los últimos años, con 9,7 millones de euros; seguido de cerca por Alicante Hospital General, con 9,4 millones. Tras ambos, se sitúan el Valencia - Clínico (7,6 millones) y el Valencia - Dr. Peset (6,2 millones).
Ahora bien, si se tiene en cuenta la población asignada por departamentos, son la Marina Baixa, Torrevieja, Gandia y Alicante - Hospital General los que asumen un mayor coste en términos relativos a este tipo de pacientes. Y, precisamente, atendiendo a la ubicación de estos cuatro departamentos, la Sindicatura de Comptes plantea una reflexión: "El hecho de que algunas zonas sean eminentemente turísticas apunta al hecho de que el uso de los servicios sanitarios en estos casos no se realiza por pacientes de escasos recursos, sino por pacientes con bastante capacidad económica".
Más de la mitad del coste de pacientes privados pendiente de cobro
Otro detalle reseñable del informe es la facturación de los llamados "pacientes privados". Se trata de personas no aseguradas, "sin posibilidad de cobertura por algún título constatado"; los ciudadanos que manifiestan tener derecho a cobertura sanitaria internacional por tarjeta sanitaria europea o certificado provisional sustitutorio, pero no aportan la documentación en ese momento; así como los funcionarios europeos cubiertos mediante un seguro médico específico.
En estos casos, se produce una facturación de los servicios prestados que se emite cuando el paciente sale del hospital y no se toma como garantía ningún tipo de dato bancario. La sanidad pública valenciana facturó 67,1 millones de euros en concepto de atención a pacientes privados entre los ejercicios 2012 y 2024.
De ellos, solo ha cobrado 29,5 millones de euros, el 43,9% del total, lo que "pone de manifiesto una gran dificultad para notificar y cobrar la deuda". Una problemática a la que se suma el hecho de que algunas tasas autonómicas "no se hayan actualizado debidamente y estén infravaloradas", lo que provoca que, probablemente, la facturación emitida sea inferior al coste efectivo.
Por departamentos, la situación es muy dispar: mientras Manises presenta una tasa de cobro del 81,6%, en La Magdalena apenas se sitúa en el 6,8%. Esta última cifra, eso sí, podría estar justificada por el hecho de que se trata de un centro de larga estancia. Además, departamentos como el Dr. Peset o el General de Alicante, que presentan un gran volumen de facturación, tienen tasas de cobro por debajo de la media.
Evitar "abusos" y "turismo sanitario"
A lo largo del informe, la Sindicatura de Comptes formula una quincena de recomendaciones a las diferentes administraciones implicadas en la atención, facturación y compensación de la asistencia a desplazados. Por lo que atañe a las personas no acreditadas, considera que la Conselleria de Sanidad debería aprobar unas "instrucciones eficaces" exigiendo la identificación "obligatoria para evitar situaciones de abuso y turismo sanitario".
En el caso de los pacientes privados, considera que deberían tomarse los datos bancarios en el momento de acceder a los servicios y, en todo caso, antes de su salida del hospital, de manera que se pueda agilizar la facturación y el cobro de este tipo de asistencias.
Ante estas recomendaciones, la Conselleria de Sanidad alega que ha impulsado un grupo de trabajo con miembros de seguros, gestión presupuestaria e inspección para analizar casos sospechosos de uso inapropiado del sistema, así como incidencias en la acreditación.
