MADRID (EP). PP y Vox han presentado sendas enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno central para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros. Los dos partidos de la oposición reclaman la devolución de esta norma alegando que nace de acuerdos políticos bilaterales con ERC.
El Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado esta ley de condonación de deuda y la remitió al Congreso para que siguiera su recorrido parlamentario.
Y esta semana se ha acabado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, confirmando que PP y Vox han solicitado devolver la ley al Gobierno porque creen que vulnera principios fundamentales de responsabilidad y solidaridad fiscal.
"Norma injusta, insolidaria e ineficaz"
En concreto, la enmienda a la totalidad del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, califica el proyecto de ley como una norma "injusta, insolidaria e ineficaz para lograr los objetivos que dice perseguir".
Al respecto, los 'populares' acusan al Gobierno de premiar a las comunidades autónomas sin valorar su gestión y critican que la condonación de la deuda autonómica se haya diseñado como un "traje a medida acordado con sus socios parlamentarios", extendiéndolo al resto de regiones para intentar "disimularlo".
Mutualiza la deuda
Como ha venido haciendo desde que el Gobierno planteó la condonación, el PP recoge por escrito en esta enmienda a la totalidad su denuncia de que la ley "mutualiza directamente la deuda generada por desequilibrios presupuestarios en cada comunidad que pasa a ser asumida por todos los ciudadanos del resto de España", algo que, a su juicio, compromete el principio de solidaridad interterritorial.
También recuerdan que las comunidades del PP se levantaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando se abordó la condonación de la deuda, por lo que acusan a Hacienda de aplicar el "rodillo del voto ministerial" en el foro multilateral.
Asimismo, los 'populares' creen que la quita incondicionada funciona como un "incentivo perverso para la disciplina fiscal" y que no incrementa la capacidad de gasto social de las regiones.
Vox: "precio para permanecer en el poder"
Por su parte, Vox justifica su rechazo al proyecto de ley de condonación de deuda argumentando que no responde a una necesidad del sistema de financiación, sino que es el resultado "de un pacto político entre el PSOE y ERC".
En este contexto, los de Santiago Abascal denuncian que el Gobierno utiliza esta ley para cumplir con el "compromiso de impulsar la condonación de la deuda como precio de su permanencia en el poder".
Entre los puntos claves de su argumentación, Vox sostiene que el Gobierno ha creado un régimen de excepcionalidad jurídica, advierte del riesgo fiscal de esta medida y carga contra el modelo autonómico.
Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas
Según el proyecto de ley que actualmente está en tramitación, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de la Comunitat Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales.
Tres fases
La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las CCAA durante el cierre de 2009 y el de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total, vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. "Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios", ha aclarado Montero.
Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para "mayor equidad": "En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comuniat Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia".
A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas CCAA que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a CCAA que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010-2022. En concreto, las que hayan ejercido esta competencia por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo.
Procedimiento para la asunción
El proyecto de ley establece cómo se desarrollará el proceso de condonación de deuda por parte del Estado. Este será distinto en función de si la CCAA tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o no.
En el primer caso, el Estado asumirá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos con el FLA hasta que se alcance el importe asignado a dicha comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019, que podrá ser cancelado o amortizado en su totalidad.
A partir de ahí, y si esa región dispusiera aún de margen de condonación, se empezaría con las cantidades de 2024, para después pasar a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario.
Para las CCAA que no tienen cuentas pendientes con el FLA, se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores. Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías, aunque con el previo consentimiento de los acreedores.
