VALÈNCIA. El pasado lunes, Vox anunció las condiciones que fijaría para apoyar los presupuestos presentados por el Consell dirigido por Carlos Mazón. Un listado de 25 requisitos sin los cuales, advirtieron, no prestarían sus votos en Les Corts Valencianes para que las cuentas de 2025 salieran adelante. Ahora, un análisis en detalle del proyecto de presupuestos aprobados por el Gobierno valenciano este jueves revela que buena parte de las peticiones del partido de Santiago Abascal quedan reflejadas de algún modo u otro, mientras que otras, realmente, eran ajenas a partidas presupuestarias concretas.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, aseguró este jueves que en el presupuesto "no hay cesiones" a Vox y "no tienen ningún recorte, de ningún tipo, ni en servicios sociales, muy al contrario, ni en derechos ni en libertades". En ese sentido, sí admitió que se han incluido algunos puntos que demandaba su socio "preferente" porque ambos partidos, dijo, coinciden en ellos como el recorte del gasto en el sector público o mayores deducciones a la natalidad. Pero las cuentas también prevén mermas en los programas para la promoción del valenciano -incluído el presupuesto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)-, las subvenciones a "chiringuitos ideológicos y de igualdad", como los califica Vox, y la supresión de partidas de memoria histórica o ayudas directas de cooperación, que pasarán a repartirse por concurrencia competitiva.

Según Merino, lo que hay es "eliminación del gasto superfluo y eso hace que algunas partidas bajen", y añadió: "Obviamente no vamos a continuar creciendo con la política que tenía el Botànic y, evidentemente, vamos ajustando según las prioridades de este Gobierno, pero no hay recortes de ningún tipo, pero sobre todo, no es que no haya recortes numéricos o de cuantías, lo que no hay es recortes en derechos y en libertades".

Promoción del valenciano

Una de las exigencias establecidas era el recorte del presupuesto de AVL. En este sentido, el Consell ha previsto una merma de la partida destinada al órgano estatutario cercana al 23% respecto al año anterior. Concretamente, el ente contará con un presupuesto de 2,97 millones de euros frente a los 3,89 con los que contaba en 2024, cuando curiosamente se incrementaron en un 6,1%.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, admitió el "ajuste" pero lo enmarcó en el descenso aplicado en el resto del sector público, que es del 13,6%. Y el portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, celebró en un comunicado esta reducción: "Por primera vez en la historia de la Comunitat Valenciana se reducirá un 25% de las subvenciones a la academia 'catalanista' de la lengua". No obstante, la formación de Santiago Abascal prevé intentar alcanzar el 50% del recorte en la fase de enmiendas.

A ello se suma la petición de rebajar "de manera significativa" las subvenciones a la promoción del valenciano. La merma de este programa se ha quedado en el 10%. Entre otras líneas, se reducen 1,4 millones en ayudas a asociaciones para la promoción del valenciano, otros 450.000 euros para ayuntamientos, 250.000 euros adicionales para el fomento del multilingüismo en el sector privado o medio millón de euros menos en ayudas a la emisión en valenciano en medios de comunicación.

Igualdad y memoria histórica

El partido de Abascal había pedido una merma "significativa" de las subvenciones a agentes sociales, "chiringuitos ideológicos y de igualdad", unos gastos considerados "superfluos" para Vox. Así pues, la secretaría autonómica de Igualdad y Diversidad ve reducidas ayudas en esta materia por valor de 800.000 euros mientras que otras las incrementa en 650.000.

La mayor parte de la reducción se produce en una línea de fomento a las asociaciones de mujeres, que pasa de un millón de euros a la mitad. Pero hay otras que también caen, como un programa de fomento de la igualdad y la inserción laboral, que ve reducido su presupuesto en 150.000 euros. Se recorta también un premio a municipios por 25.000 euros y un programa universitario, en otros 25.000 euros, para reforzar la presencia de mujeres en carreras tecnológicas. En cuanto a la diversidad, cae en 130.000 euros la partida de servicio de atención, asesoramiento y apoyo a las personas LGTBI.

Por su parte, se crean nuevas líneas como un programa para la implementación de planes de igualdad de oportunidades en pymes (100.000 euros), un plan de promoción de igualdad de oportunidades en las universidades (100.000 euros), un programa de formación para la elaboración y la implantación de medidas de los planes de igualdad (50.000 euros), un programa de formación en emprendimiento a mujeres (30.000 euros), unos premios distintivos para "empresas familiarmente responsables" (25.000 euros) o un plan para formación de mujeres en el ámbito rural (20.000 euros). Y aumenta en 250.000 euros el Plan Corresponsables para facilitar la conciliación, y en 25.000 euros la partida para lucha contra la discriminación y sensibilización de personas con VIH e ITS.

En materia de Memoria Histórica, Vox pedía "suprimir todas las partidas" y mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia. Aunque la supresión no es total, el presupuesto prevé, para la dirección general de Concordia y fomento del autogobierno, una caída del 26%. Por ejemplo, se reduce en 100.000 euros la línea para que Fisabio investigue y estudie en materia de identificación de víctimas de la guerra civil y el franquismo; baja en otros 100.000 euros la partida para apertura de fosas y exhumaciones y se recorta en casi 300.000 euros la línea para las acciones en lugares de memoria histórica, entre otras cosas. También se elimina la ayuda a las acciones de memoria histórica realizadas por la Coordinadora de Asociaciones del ramo, que ascendía a 40.000 euros.

Cooperación al desarrollo y subvención a la Urnwa

En materia de cooperación al desarrollo cabe mencionar que el subprograma de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible muestra un incremento del 33,7%, hasta los 98,4 millones de euros. De esta manera, el presupuesto no contempla la exigencia de Vox de acometer “el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunitat Valenciana”, de en torno a un 40%. Pero sí se ha eliminado la ayuda nominativa de 600.000 a la Urnwa, como solicitó Vox, así como a Acnur y Unicef. No obstante, se han mantenido las ayudas de este mismo importe a Farmaceuticos Mundi y Cruz Roja y se han otorgado 30.000 euros a la Asociación de Intervención Ayuda y Emergencias y a Bombers pel Món. Según indicó Merino, el Consell apuesta por que las ayudas de cooperación pasen de ser nominativas a repartirse por concurrencia competitiva.

Entre las reclamaciones de la formación que lidera Santiago Abascal también se encontraba eliminar todas las subvenciones a ONG de apoyo a la “inmigración ilegal”. Sobre este punto cabe resaltar el año pasado la Generalitat ya anunció la paralización de una subvención de 400.000 euros destinada a Urnwa, debido a sospechas sobre la implicación de algunos de sus miembros en actividades relacionadas con el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. 

Respecto a la incorporación de una partida presupuestaria para "pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales" y la partida para impulsar un plan de retorno de inmigrantes en situación irregular, Merino explicó que no se incluía ninguna partida destinada a este cometido. Por otro lado, Vox reclamaba que la Comunitat Valenciana no acepte "ni un mena más", en referencia a los menores extranjeros no acompañados, y en este caso, la medida no depende directamente de los Presupuestos autonómicos, por lo que se tendrá que comprobar en los próximos repartos de personas migrantes que se realicen en España.

Recorte en el sector público

El presupuesto también prevé, como pedía Vox, un recorte reseñable en el presupuesto destinado al sector público instrumental. Esto es, los organismos autónomos, las entidades, empresas, fundaciones y consorcios dependientes de la Generalitat Valenciana. En este caso, el Gobierno valenciano prevé adelagazar la estructura pública instrumental un 13,6%, que se suma a la reducción presupuestaria ya aprobada el año anterior (-7,74%). En términos absolutos, en los dos años se ha registrado un tijeretazo de 1.106 millones de euros en total, medida que según dijo Merino busca la "eficiencia" en la gestión de recursos "sin dejar de prestar los servicios" de cada entidad.

Por ejemplo, cae a menos de la mitad el importe asignado para la sociedad Espacios Económicos Empresariales, empresa gestora de Parc Sagunt, que ha bajado su presupuesto a 69,4 millones frente a los 148,5 millones del año anterior dado que en 2024 ya se iniciaron los trabajos de urbanización. Cae con notable fuerza el presupuesto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), en este caso un 16,8% (33,8 millones frente a los 40,6 del pasado ejercicio).También bajan los presupuestos para las ferias, que en el caso de Valencia se reduce un 12,7%, hasta los 28,9 millones, y un 23% en el caso de IFA, hasta los 4,3 millones.

Otras compañías han bajado el presupuesto como Sociedad Proyectos Temáticos, la Agencia Antifraude, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia o la sociedad destinada a las ITV. Por otro lado, se reduce la partida para el Consell de L’Horta, que desaparecerá con la nueva Ley de la Huerta y ya no se reflejan los 191.000 euros del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática tras suprimirse con la Ley de la Concordia.

Crece por su parte el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), cuyo presupuesto se dispara un 67,8% hasta los 280,7 millones debido a los gastos de reconstrucción por la dana, si bien descontada esta partida, la cifra disminuye un 8,4% hasta los 153,3 millones. Con los fondos Dana también aumentan las partidas de Turisme Comunitat Valenciana, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) -triplica su presupuesto hasta los 335,8 millones- y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) -subre un 25,6% hasta los 354,8 millones-.

Familia

Entre las exigencias de los de Abascal se encontraba un apartado específico para las políticas de la familia, donde se recogía la condición de un incremento de las deducciones fiscales por hijo. Aquí, el presupuesto del Consell duplica y hasta triplica las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, lo que supondrán una merma de ingresos de 10 millones de euros y favorecerán a 41.900 personas. Los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero y sucesivos.

Se incluirá la guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias, hasta casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros. Y las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de infantil; por conciliación del trabajo y por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para cerca de 600 contribuyentes.

Sin embargo, las cuentas no prevén nuevas ayudas a la familia, algo que también reclamaban los voxistas. Como detalle, se elimina una línea de 330.000 euros para entidades sin ánimo de lucro con el objeto de defender y promover "los diferentes tipos de familias, según su estructura y composición" como familias numerosas, monoparentales, homoparentales, y "la búsqueda de beneficios para ellas".

Fiscalidad

En materia fiscal, el Consell solo cumple dos de las exigencias de Vox. Por ejemplo, el proyecto de ley de acompañamiento a las cuentas prevé la eliminación del pago de tasas del sector pesquero (la tarifa ‘G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina’ y la tarifa ‘G-2 buques’ para estancias en los puertos autonómicos), de las que se benefician 15 cofradías con 377 buques de pesca con un impacto económico de casi 824.000 euros. Y también incluye la rebaja del tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 4% para transmisiones de parcelas con vocación agraria, con un impacto de 2,6 millones.

El partido de Abascal también solicitaba el recorte de dos puntos en el ITP, que ahora está en el 10%, y que se debería aplicar a razón de un punto por año en 2025 y 2026; así como la rebaja del tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 1,2% a razón de una décima anual hasta 2026. A sus peticiones se sumaban la ampliación de la bonificación de Sucesiones y Donaciones a hermanos y sobrinos, la equiparación del Impuesto de Patrimonio al de grandes fortunas y una "ambiciosa reforma" del IRPF a acometer durante 2025. Cuestiones que, por el momento, no están entre lo aprobado por el Gobierno valenciano, si bien todavía pueden entrar en el trámite parlamentario.

Sí está otras cuestión: la bonificación específica del 50% en el Impuesto de Actos Jurídicos para los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) con el fin de reforzar la atracción de grandes inversiones.

 

Agenda 2030 y pacto verde

En materia de ecologismo y agricultura, las reivindicaciones de Vox estaban centradas en dos pilares fundamentales: eliminar todas las partidas destinadas a la Agenda 2030 y el Desarrollo sostenible y suprimir todas las tasas derivadas del Pacto Verde. Esta última cuestión se llevó a cabo a finales del pasado ejercicio, cuando la Conselleria de Medio Ambiente dio luz verde al decreto que suprimía estas tasas. Concretamente eran tres impuestos: un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. 

Por su parte, la eliminación de todas las partidas destinadas a la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible se trata de una reivindicación menos concreta y más compleja de analizar, aunque de los presupuestos se desprenden cambios en algunos subprogramas. Por ejemplo, la Generalitat destinará 5,1 millones de euros al cambio climático, un 6,37% menos que el curso anterior. El presupuesto para Transición Ecológica ascenderá a 1,37 millones, un 25,3% menos, por la caída en la compra de bienes y gastos de funcionamiento. En Política Agraria Común, el desembolso se reduce cerca de un 10%, hasta los 24,7 millones de euros; mientras que en materia de Desarrollo Rural el presupuesto crece más de un 16%, hasta los 23,1 millones de euros. 

Exigencias en la reconstrucción tras la Dana

Por otro lado, Vox contemplaba tres exigencias en materia de reconstrucción para dar su apoyo a las cuentas autonómicas. En este sentido, la formación que dirige Santiago Abascal pidió que el Plan de Reconstrucción estuviera acordado entre PP y Vox. Además, los voxistas reclamaban participar “directamente” con la Generalitat en la distribución de los recursos para la recuperación posdana. Y pedía que todo el dinero “ahorrado en gasto superfluo” fuera destinado a la reconstrucción. También reclamaba a la Generalitat que “asumiera” las sanciones de Bruselas o Madrid para la limpieza de vegetación de los cauces y que “impulsara su saneamiento y adecuación”.

Una serie de cuestiones que no se pueden ver reflejadas directamente en las cuentas autonómicas pero que la Generalitat deberá mostrar señas de cumplimiento para que los voxistas apoyen las cuentas en el Parlamento valenciano dentro de dos meses. Por ahora, lo que sí evidencian los Presupuestos de la Generalitat es el reparto de la línea de 2.364,3 millones de euros destinada a las tareas de recuperación del territorio afectado. En torno a la cuarta parte de esta partida está enfocada en el Plan de Reconstrucción que lidera el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, y en el que Vox quiere ser partícipe. 

Lo cierto es que la formación que lidera Abascal ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a Gan Pampols, fichaje estrella de Mazón para la reconstrucción, hasta el punto de preguntarse si se trata de un “infiltrado” del “traidor Sánchez” en el Gobierno valenciano. Con estas reclamaciones para aprobar las cuentas, los voxistas han evidenciado aún más su desconfianza con el vicepresidente para la Recuperación y solicitan vigilar de cerca cuáles serán las actuaciones que lleven a cabo para devolver a la normalidad el territorio afectado por la catástrofe.