ALICANTE. Más de 3.500 personas -según los convocantes de la protesta- han reclamado este sábado en Alicante en el primer aniversario de la Dana de Valencia que costó la vidad a 229 personas el pasado 29 de octubre. La protesta ha partido de las escalinatas del IES Jorge Juan y ha discurrido por las principales calles del centro de la ciudad que ha finalizado con la lectura de un manifiesto leído por Joan Carles Romero Albert, miembro del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, quien participó activamente en las labores de emergencia y rescate durante los días posteriores a la DANA. El gesto pretende rendir homenaje a los servicios de emergencia que trabajaron sin descanso en condiciones extremas, según la plataforma convocante de la manifestación.

La nueva manifestación en Alicante busca denunciar lo que considera los que los manifestantes considera un “fracaso absoluto” en la gestión de la DANA por parte de la Generalitat Valenciana. La protesta ha coincidido con la movilización conjunta con València y busca exigir respuestas reales, transparencia y responsabilidades políticas y judiciales.

Según el comunicado de la plataforma, la actuación del gobierno autonómico fue deficiente “antes, durante y después del desastre”, con falta de previsión, escasa coordinación, retrasos en la tramitación de ayudas y una persistente ausencia de soluciones para familias, centros educativos y comercios afectados, incluso un año después del temporal.

“La Generalitat ha actuado con opacidad, improvisación y falta de sensibilidad social, priorizando la propaganda institucional frente a la responsabilidad política”, señala el manifiesto. Esta situación ha generado un creciente malestar entre la ciudadanía de las comarcas afectadas y del conjunto del País Valenciano, que se siente “abandonada y despreciada”.

La Plataforma Mazón Dimisión insiste en que “la ciudadanía merece explicaciones, justicia y una gestión pública a la altura de los desafíos climáticos y sociales que enfrentamos”. La convocatoria busca visibilizar el dolor de las personas afectadas y canalizar la indignación hacia una exigencia colectiva de rendición de cuentas.