ALICANTE. Las organizaciones sindicales FESEP y SPPLB han intensificado su presión sobre la Generalitat Valenciana para que se modifique la legislación vigente y se autorice el uso de armas reglamentarias por parte de los agentes interinos de la Policía Local.

En un comunicado conjunto, los sindicatos denuncian que la actual interpretación de la Ley de Coordinación de Policías Locales impide que los interinos puedan portar armas, a pesar de desempeñar funciones idénticas a las de los agentes de carrera. Esta situación, afirman, genera un agravio comparativo y pone en riesgo la seguridad tanto de los propios agentes como de la ciudadanía.

La solicitud se fundamenta en un escrito formal dirigido a la Conselleria de Justicia e Interior, en el que se propone una modificación normativa que permita a los ayuntamientos autorizar el uso de armas a los interinos, siempre que estos hayan superado las pruebas selectivas y cuenten con la formación adecuada. El documento subraya que esta medida no solo es legalmente viable, sino también necesaria para garantizar la operatividad de los cuerpos policiales en municipios que dependen de personal interino para cubrir vacantes.

Según el comunicado, los sindicatos argumentan que la negativa a permitir el uso de armas a los interinos no solo compromete la eficacia del servicio, sino que también pone en riesgo la integridad de los propios agentes y de la ciudadanía. “No se puede exigir a un policía que intervenga en situaciones de riesgo sin dotarle de los medios necesarios para protegerse y proteger a los demás”, señalan.

FESEP y SPPLB han solicitado una reunión urgente con representantes de la Conselleria de Justicia e Interior para abordar esta cuestión y encontrar una solución que respete los derechos laborales y la seguridad pública. Y al mismo tiempo, ambos sindicatos advierten que la falta de respuesta por parte de la administración autonómica podría derivar en movilizaciones sindicales y acciones legales. “No se puede seguir ignorando una realidad que afecta directamente a la seguridad pública y a los derechos laborales de cientos de agentes”, concluyen.