VALÈNCIA. Mientras los agricultores europeos se echan a la calle contra un acuerdo que consideran abusivo e injusto, otros sectores económicos lo celebran como una oportunidad sin precedentes para sus empresas. Entre el miedo y la esperanza se mueve el debate que ha estallado en la Unión Europea ante el pacto comercial con Mercosur, un acuerdo que en la Comunitat Valenciana genera tantas expectativas como recelos. Para Vicente Pallardó, profesor de Coyuntura Económica Internacional en la UV, este pacto comercial "genera suficientes beneficios para compensar a los que pierden" y subraya que su alcance traspasa los fines comerciales: "Ni siquiera lo más importante para Europa es el ámbito económico, es el geopolítico". Pero, ¿qué qué se gana y qué se pierde con este nuevo marco comercial que lleva 26 años negociándose?

El mercado que aglutinan Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay supone, sin lugar a dudas, un suculento pastel de 270.000 millones de consumidores para las empresas valencianas que ya tenían presencia en estos países pese a los elevados aranceles, que en el caso de la automoción y el calzado llegan al 35%. Las exportaciones de la Comunitat alcanzaron los 351 millones de euros en 2024, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Este volumen tiene un peso poco relevante en las ventas totales de la región en el exterior al situarse en el 1,1% del total aproximadamente. A falta de computar el último trimestre de 2025, el contador oficial del IVACE registra 258,7 millones de euros en exportaciones directas desde la Comunitat al bloque sudamericano entre enero y septiembre de 2025.

Basándose en las cifras de exportación de 2024, la eliminación de los pesados aranceles del Mercosur, que hoy castigan a sectores clave como el químico o el metal-mecánico, supondría un alivio de 67,5 millones de euros anuales para las arcas de estas empresas valencianas. No obstante, las proyecciones de impacto a medio plazo elevan esta cifra por encima de los 100 millones (una vez completado el desarme arancelario), al prever un incremento del flujo comercial impulsado por la mayor competitividad de la Comunitat Valenciana en el Cono Sur, según los servicios de estudios de las Cámaras de Comercio, que tienen en cuenta los productos valencianos que salen desde otros hubs logísticos de España, además de la exportación de servicios, ingeniería y el volumen de negocio de filiales valencianas.

Con la firma de este acuerdo, rubricada el pasado sábado en Paraguay, se abre un nuevo marco de relaciones que puede entrar en vigor de manera interina. Sin embargo, aún tendrá que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva. Por lo pronto, la primera ventaja evidente para los productos valencianos más vendidos a este mercado es el del ahorro económico del que se podrán beneficiar en sus envíos, pero también abre una ventana desigual para el tejido productivo valenciano.

En el sector gourmet, el beneficio es directo: el vino y el turrón eliminan de un plumazo el "peaje" del 27% y 20%, permitiendo a las D.O. valencianas asaltar el segmento premium de São Paulo sin la losa del precio actual. Sin embargo, para los sectores de consumo, el éxito vendrá condicionado por el cronograma; mientras el textil goza de una apertura razonable a ocho años, el calzado de Elche y Elda afronta una travesía de 15 años de desarme, un periodo de protección extremo que Mercosur ha impuesto para salvar a su propia industria.

En la vertiente industrial, el riesgo reside en la letra pequeña de las normas de origen. El clúster de la cerámica y la química de Castellón gana un horizonte de previsibilidad a diez años, pero deberá vigilar que la bajada del 1,8% anual no se vea neutralizada por los costes logísticos o la competencia de terceros países. Por su parte, la automoción vive una dualidad crítica: mientras el coche terminado espera en la barrera del 35%, los componentes de las auxiliares de Almussafes (14-18%) tienen el camino más despejado para desplazar a los proveedores asiáticos, lo que se erige como una vía más para compensar la caída de demanda que sufre el sector en Europa. El gran desafío, no obstante, recae en la maquinaria y electrónica, donde el largo plazo de hasta 15 años obligará a las empresas valencianas a mantener un liderazgo tecnológico constante para que, cuando el arancel llegue a cero, su producto siga siendo la opción preferente frente a la incipiente industria local sudamericana.

Según explica Pallardó a ValenciaPlaza, para la Unión Europea "es crucial" firmar este acuerdo porque se juega posicionarse como un agente de relevancia a nivel internacional. "EEUU y China están abusando de nosotros y tenemos que demostrar que somos capaces de marcar unas pautas y que seguiremos apostando con este tipo de acuerdos", afirma. El experto no deja de lado los riesgos que conlleva para el sector agrario, por lo que defiende que se les compense por ello al considerar que los efectos positivos superan los negativos. "La mayoría de los beneficiados lo seremos en una magnitud pequeña y los perjudicados lo serán en una magnitud mayor", añade. A esto, el economista destaca la importancia del acuerdo para depender menos de China. "Este tipo de acuerdos nos da acceso a minerales raros que Europa necesita, lo que nos ayuda a deshacernos de la supremacía china en este ámbito", apunta.

La calidad del sector químico y plástico, la punta de lanza

Uno de los sectores que más pueden beneficiarse del acuerdo es el de la industria química. Dada la base de la Comunitat Valenciana en  químicos, cerámica/fritas, recubrimientos, polímeros y detergencia, el balance tiende a ser positivo en industria por mejor acceso a Brasil y Argentina debido a la situación de aranceles y compras públicas. La mayor parte de las subpartidas químicas soportan hoy aranceles de hasta el 18% y con el acuerdo se eliminarían gradualmente entre 10 y 15 años. La presidenta de Quimacova, Amaya Fernández, destaca varios aspectos positivos del pacto comercial, como el mayor acceso de empresas de la UE a licitaciones federales y subcentrales en Mercosur. "Es una oportunidad para química de especialidades, como pinturas, gases, higiene institucional, laboratorios, etcétera, en proyectos de infraestructura y salud", indica la profesional, que también pone el acento en la ventaja de incluir el origen preferencial español/valenciano con productos que se exporten.

Dentro de esta industria se encuentra la del plástico, donde también se abre una oportunidad selectiva para el sector del plástico valenciano, especialmente en productos industriales de valor añadido, según explica Fernández. "Las principales oportunidades se concentran en plásticos técnicos, componentes industriales, construcción y packaging funcional, así como en soluciones vinculadas a reciclado, ecodiseño y economía circular. En contraste, persisten riesgos como la fuerte competencia local, la presión regulatoria en sostenibilidad y los costes logísticos", indica la representante del sector valenciano, que insiste en que la ventaja valenciana "radica en calidad, ingeniería, personalización y cumplimiento normativo", factores clave para competir "con éxito" en Mercosur.

El textil valenciano, de un mercado casi nulo a un potencial sin techo

Pepe Serna, presidente de Ateval, la asociación valenciana que representa al sector textil enfocado en hogar e industria, celebra el acuerdo porque, según explica, las barreras europeas que tienen los productos del Cono Sur actualmente para entrar en Europa son significativamente inferiores que las del Mercosur, lo que genera una asimetría comercial que el pacto puede eliminar. "Necesitamos que los aranceles sean los mismos que hay para entrar en Europa. Creemos que es muy interesante, tenemos que ver los plazos reales de todo para llegar a una situación de oportunidad que nos permita ser competitivos", subraya. Debido a esas barreras arancelarias actuales, las exportaciones valencianas a este mercado alcanzan sólo los cuatro millones de euros. "Sería una oportunidad una ventana abierta que ahora no tenemos", destaca.

La batalla entre las promesas de la CE y las dudas del sector agrario

El optimismo de la industria valenciana tiene su reverso en el recelo del campo. Ante la creciente presión de las organizaciones agrarias del Mediterráneo, la Comisión Europea ha movido ficha con un compromiso que busca apaciguar las aguas: un refuerzo histórico en la vigilancia fronteriza. La promesa es ambiciosa y consiste en incrementar un 50% las inspecciones en origen y un 30% adicional en los controles a la llegada a los puertos europeos. Pero, ¿es este despliegue suficiente para frenar la entrada de plagas o simplemente un bálsamo burocrático?

Bruselas ha sacado la artillería pesada para defender la reciprocidad del acuerdo. El plan para 2026 pasa por enviar misiones permanentes de auditores a las zonas productoras de São Paulo o Corrientes. El objetivo es garantizar que lo que viaja hacia Europa no solo cumpla con la normativa de seguridad alimentaria, sino que se ajuste a los estándares de sostenibilidad que la UE exige a sus propios agricultores, que a su vez denuncian el encarecimiento de los costes derivados de estas limitaciones.

El incremento del 50% en estas misiones se percibe como un avance, pero el sector agrario valenciano insiste en que la única garantía real sería la cláusula espejo pura. Es decir, que no entre nada que no haya sido producido exactamente bajo las mismas prohibiciones que sufre un agricultor de Alzira o Vila-real. En otras palabras, que no sólo se fiscalice el producto final sino el proceso. Con esto, los agricultores y ganaderos europeos no defienden simplemente la sanidad vegetal o seguridad alimentaria, sino que reclaman que los costes sean similares para todos sin que los productos de fuera puedan competir vía precio.

Si el control en origen tiene un carácter más bien preventivo, el control en puerto es la última línea de defensa. La UE asegura que las inspecciones físicas y documentales en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) crecerán un 30%. En el Puerto de València, esto supone un reto logístico mayúsculo. Una incógnita que se deriva de estos compromisos de la Comisión es qué autoridad pagará la factura del aumento de inspectores de Sanidad Exterior, una competencia estatal que ha avanzado a cuentagotas en los últimos años.

El temor no es solo la cantidad, sino la "puerta de atrás". El Puerto de València o el de Algeciras pueden ser fortalezas eficientes, pero el mercado único europeo permite que la mercancía de Mercosur entre por puertos del norte (como Róterdam o Amberes) donde el rigor fitosanitario con los cítricos ha sido históricamente más laxo. El sector valenciano exige que ese 30% adicional sea un estándar digital y obligatorio en toda la Unión, evitando que los importadores busquen "puertos de conveniencia" donde la probabilidad de colar cítricos con riesgo de mancha negra o falsa polilla es superior.

Las cifras de las cuotas siguen siendo el verdadero campo de batalla. Brasil, el gigante del zumo, podrá poner en el mercado europeo hasta 450.000 toneladas anuales con arancel reducido, mientras que el arroz de Uruguay y Argentina entrará con una franquicia de 60.000 toneladas a arancel cero. Esta cantidad de 60.000 toneladas de arroz equivale al 2% del consumo europeo y, según datos de comercio exterior, la Union Europea es deficitaria al producir sólo el 60% de lo que se consume. 

Bruselas insiste en que las salvaguardas bilaterales están listas para activarse en un plazo de 21 días máximo si se detecta una perturbación grave del mercado. Pero la experiencia previa con los acuerdos con Sudáfrica o Egipto no invita al optimismo entre los productores. Con todo ello, la Comunitat Valenciana se enfrenta a un futuro de dos velocidades. Por un lado, una industria esperanzada que celebra el fin de los aranceles y proyecta ahorros de hasta 100 millones de euros. Por otro, un sector agrario en guardia que exige que las promesas de inspección de la UE no se queden en papel mojado.