Comunitat Valenciana

Los contratistas valencianos piden a Arcadi España que eleve los precios de la obra pública

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VALÈNCIA. El nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda ha abierto una pequeña ventana de esperanza al sector contratista de la Comunitat Valenciana, que sufre una inflación particular de los costes de construcción debido a la ingente cantidad de obras de reconstrucción por la Dana, una situación que ahora se ve agravada por la guerra en Oriente Próximo.

Los empresarios dedicados a la obra pública confían en que el valenciano tenga, precisamente por su procedencia, la sensibilidad suficiente para escuchar la reivindicación del sector, que pide la inclusión de nuevas fórmulas de revisión de precios en las licitaciones, una competencia que recae en la cartera que ahora dirige España.

Tanto es así, que el mismo día que España tomó el relevo de María Jesús Montero, el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, trasladó al ministro valenciano esta petición. "El problema es que todas las fórmulas de revisión las tiene que regular el Gobierno central y se basan en los índices del INE, pero la ley te deja la opción de que podrían basarse en índices regionales y provinciales", explica Santa Isabel, quien indica a este periódico que ha solicitado a España una reunión para abordar esta posibilidad.

Según el presidente de Fecoval, los índices nacionales son demasiado genéricos y no captan las distorsiones de mercado que se producen en territorios con picos de demanda extraordinarios, como ocurre en Valencia provincia especialmente, donde el número de concursos desiertos alcanza ya los 200 ante la baja rentabilidad de las obras. El sector advierte de que, de no atenderse esta singularidad, se podría incluso ver un abandono de proyectos ya iniciados ante la imposibilidad de repercutir la subida de los costes de las materias primas.

Esta reivindicación no es nueva, pero la llegada de España al Ministerio de Hacienda se percibe como el momento idóneo para forzar un cambio normativo que el sector considera de supervivencia y que, en caso de aplicarse, no sería la primera vez. "El Covid disparó precios y las obras se pararon. En ese entonces se aprobó el reequilibrio financiero que adaptaba los precios de las licitaciones a la realidad del mercado, pero se hizo por la construcción, si no por el transporte. Al menos aquellos decretos paliaron un poco el daño y permitieron que las empresas aguantaran", indica Santa Isabel.

El encarecimiento de los materiales está siendo especialmente acusado en productos clave para la obra pública. El presidente de Fecoval detalla que el hormigón ha subido de media 16 euros por metro cúbico sobre un precio base de unos 90 euros, mientras que el betún registró la pasada semana un incremento de 200 euros por tonelada, cerca de un 30%. A ello se suma el aumento del hierro, con subidas de hasta 30 céntimos por kilo, además del encarecimiento generalizado de áridos, transporte y energía.

Además de los materiales, el sector también acusa la falta de mano de obra, lo que presiona aún más los costes. "Tenemos un déficit de trabajadores y eso hace que suba el precio de la mano de obra, a lo que se suma el incremento del salario mínimo", apunta. Sin embargo, critica que este factor no se contempla en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos, lo que obliga a las empresas a asumirlo íntegramente.

Por todo ello, el sector pide la aprobación de un decreto extraordinario que permita revisar los precios tanto de los contratos en ejecución como de los que están por licitar, así como la introducción de mecanismos más ágiles para responder a situaciones excepcionales como la actual. "Es una obligación de la administración que los precios de las obras sean de mercado", sostiene Santa Isabel, quien advierte de que los actuales pliegos "pueden ser impugnables" al no garantizar la libre competencia.

"Si no hay un decreto que regule la subida de precios como el que hubo por la guerra del Golfo en los ochenta y como los tres que ha habido con el Covid, no se estarán cumpliendo los propios fines de la ley de contratos. Debe haber otro decreto por esta situación excepcional que nos afecta a todos", subraya.

 

 

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