ALICANTE. La resolución de reclamaciones laborales se encuentra al borde del colapso en los juzgados de Alicante. Ese es, al menos, el diagnóstico que ofrece la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT en un escrito de denuncia registrado ante la Conselleria de Justicia en el que reclama la incorporación de recursos materiales y de personal para solventar esa situación. Lo hace tras aportar datos concretos respecto al estado en el que se encuentran las siete unidades que integran la Jurisdicción Social del Partido Judicial de Alicante. Hasta la fecha de presentación de ese escrito, el pasado 23 de septiembre, constaban ingresados a través del Registro General un total de 6.762 asuntos pendientes de reparto, lo que arroja una media de 966 asuntos por unidad, detalla el escrito.
UGT previene, además, de la evolución que se espera para final de año en el supuesto de que no se adopten medidas efectivas. Así, sostiene que la extrapolación de los datos actuales permite augurar que el cierre del último trimestre situará la cifra total de asuntos inscritos será de 9.016 asuntos, elevando la carga media anual a 1.288 asuntos por unidad. La advertencia parte, además, de la constatación de los precedentes recientes, lo que, según el sindicato, permitiría constatar "un incremento progresivo respecto al ejercicio anterior, en el que se registraron 8.896 asuntos".
Se trata de un balance que supera las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fija módulos oficiales fijados en los que se establece la cifra máxima de 800 asuntos anuales por unidad. De este modo, UGT concluye que las unidades de lo Social de Alicante finalizarán el año superando en más de un 60% el ratio máximo recomendado.
¿Qué consecuencias reales provoca esa situación? La más evidente es el retraso en la resolución de esos asuntos, lo que conlleva que se registren dilaciones indebidas y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un ámbito tan sensible como las reclamaciones de salario y de indemnizaciones por despidos o los reconocimientos de pensiones. En este sentido, UGT apunta que ese desfase "entre carga de trabajo y capacidad de tramitación es el retraso sistémico en la fijación de la agenda de señalamientos". Así, subraya que "en estos momentos, las citaciones relativas a despidos, procesos ordinarios, procedimientos urgentes y reclamaciones de prestaciones ante la Seguridad Social se están fijando para finales del año 2029 y enero de 2030".
"Programar un juicio a más de tres o cuatro años vista supone una flagrante vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", denuncia en su escrito, al margen de subrayar el "severo impacto económico" que ello conlleva en los trabajadores y ciudadanos. "Dejar en suspenso la resolución de despidos, salarios impagados y subsidios de subsistencia durante años sitúa a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad y desprotección económica inadmisible", enfatiza.
Refuerzos pendientes
En este sentido, el sindicato advierte del retraso o de la insuficiencia de los planes de refuerzo comprometidos hasta ahora. "Se ha anunciado la incorporación de al menos dos jueces/as de refuerzo para la Jurisdicción Social de Alicante. Sin embargo, dicha medida resulta completamente descompensada e ineficaz al prescindirse del refuerzo paralelo del personal funcionario de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial", expone. "Aumentar la capacidad de señalamiento de vistas sin incrementar el personal de tramitación genera un cuello de botella infranqueable. La plantilla funcionarial actual de las siete unidades no puede asumir el incremento derivado de la instrucción de causas, notificaciones, ejecuciones de sentencia y atención al público que conllevará la actuación de dos jueces de refuerzo. Un refuerzo judicial sin dotación funcionarial no soluciona el problema, sino que tensiona aún más las unidades", abunda.
Así, insiste en otro efecto añadido sobre las plantillas al remarcar que "el volumen inasumible de asuntos y la continua presión por la acumulación de retrasos están pasando una factura directa sobre la salud de los empleados públicos adscritos a las Unidades de lo Social". De ahí que inste a la Conselleria de Justicia a tomar medidas con urgencia como la "adscripción inmediata de personal funcionario de refuerzo", que acompañe a la incorporación de los jueces de refuerzo". Además, reclama "la puesta en marcha de un plan
de actuación extraordinario y dotado presupuestariamente para la Jurisdicción Social de Alicante que permita reducir el colapso de las agendas y adelantar las fechas de citación".
Pero no solo eso. También solicita "la intervención inmediata del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar las condiciones de trabajo en las siete Unidades de lo Social y aplicar las medidas correctoras oportunas", al margen de que también se promuevan los trámites necesarios ante las instituciones competentes para la creación estructural de las nuevas unidades necesarias en el Partido Judicial de Alicante", según concluye UGT, en su escrito de denuncia.
