VALÈNCIA (EP). La sociedad pública Sareb ha cedido 139 viviendas a las Administraciones de la Comunitat Valenciana y ha vendido 111 viviendas a la Generalitat y a los ayuntamientos de Gandia y La Pobla de Vallbona, con otra venta pendiente de un edificio en Callosa de Segura.

Sareb ha ofrecido estos datos tras la concentración realizada este martes frente a la Delegación del Gobierno en València de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, junto a otros colectivos sociales organizados en torno a la campaña Plan Sareb, para reclamar al Ejecutivo que detenga sus "prácticas perversas" y ponga a disposición del parque público las viviendas de su propiedad.

En un comunicado, la sociedad explica que los convenios con comunidades y ayuntamientos contemplan la cesión de los inmuebles por un periodo temporal que en algunos casos se ha prorrogado.

La contraprestación que asumen las Administraciones varía entre los 75 euros en el caso de viviendas que se encuentran ocupadas en el momento de la cesión y cuya regularización corresponde al ayuntamiento o comunidad, y los 125 para aquellos inmuebles que se encuentran vacíos.

En cuanto a las cesiones, detalla que se han puesto 30 viviendas a disposición de la Generalitat, 25 a disposición del Ayuntamiento de Gandia, otras 25 en Sagunto, 9 en Elche, 16 en Torrent, 15 en Almoradí, 10 en Faura, 6 en La Pobla de Vallbona y 3 en Riba-roja.

Respecto a la venta de viviendas, las Administraciones Públicas tienen la posibilidad de adquirir inmuebles de Sareb durante el transcurso de los convenios o en el momento de la finalización de estos. Se trata de una opción valorada por las Administraciones porque permite nutrir sus parques sociales y dar respuesta a largo plazo a la necesidad de vivienda asequible, según informa la entidad.

En este caso están 91 viviendas vendidas a la Generalitat, 14 al Ayuntamiento de Gandia y 6 al de la Pobla de Vallbona.

Con este tipo de acuerdos Sareb afirma profundizar en su estrategia de colaboración con las Administraciones Públicas para tratar de solucionar aquellas necesidades vinculadas al acceso a la vivienda en las comunidades locales, al tiempo que avanza en el mandato de desinversión de la cartera de activos adquirida en 2012 a las entidades financieras que necesitaron ayudas públicas.