VALÈNCIA (EFE). La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 de octubre de 2024 en la causa penal por la gestión de la dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja (Valencia).

Según consta en el escrito que esta acusación ha remitido al alto tribunal valenciano para adherirse a la exposición razonada que elevó la jueza instructora de Catarroja, esta parte pide que no se aplique el aforamiento del que sigue gozando el expresident por mantener el acta de diputado autonómico.

Esta parte recuerda la resolución del TSJ extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual -de Mazón- como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell, y el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley", sostienen las víctimas.

En el caso extremeño, sostiene esta parte, "la secuencia fáctica de los hechos fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento", de modo que se pregunta si "el 'íter' -camino- seguido por Mazón no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

A juicio de esta parte, la exposición razonada que elevó al alto tribunal valenciano la jueza instructora para solicitar la imputación de Mazón "no deja resquicio para no implicar al expresident en los hechos que se investigan".

Sin embargo, sostiene que el aforamiento del que goza actualmente "es incompatible con nuestros principios constitucionales a la igualdad procesal, a la tutela judicial efectiva, al derecho al juez natural predeterminado por la ley y al derecho a la doble instancia, entre otros".

"El aforamiento en España se ha convertido en un debate de gran calado jurídico y político por el abuso de esta tutela para fines distintos a su esencia teleológica. Tal es así que, en nuestro país, seis comunidades autónomas han suprimido de sus Estatutos el trato judicial privilegiado a sus diputados y gobernantes regionales", aunque "no es el caso de la Comunidad Valenciana", admite esta parte.

Recuerda asímismo: "estamos en este trámite procesal únicamente por la firme voluntad del aforado Carlos Mazón, que ha rehusado hasta en tres ocasiones declarar en la instrucción de la causa, lo que denota un gran interés personal en que sea este tribunal (TSJCV), un foro especial, el que decida sobre su responsabilidad penal y no el juez predeterminado por ley".

Sobre la posibilidad de que el alto tribunal valenciano aceptase la causa únicamente respecto de Mazón, esta parte se pregunta si la conducta del expresident tiene entidad propia.

"Debemos recordar que el aforamiento, en su concepción clásica, es una prerrogativa de carácter temporal, entre la adquisición y la pérdida del cargo, pero existen supuestos en los que el fuero se conserva después del cese", y se señala el hecho de que el Tribunal Supremo se ha considerado competente para continuar el enjuiciamiento del exministro Ábalos, a pesar de que renunció al acta de diputado.

Por ello, la representación legal de esta asociación de víctimas se pregunta si "¿Dejará de ser diputado Carlos Mazón Guixot antes de que se acuerde una apertura de juicio oral? ¿Acabará la instrucción de la causa y Carlos Mazón Guixot seguirá siendo miembro de Les Corts?".

Esta parte incluye en su escrito los nombres de las víctimas mortales a cuyos familiares representa en la causa, muchas de las cuales fallecieron antes de que sonara el mensaje de aviso a la población a las 20:11 horas.

"No murieron por la depresión aislada en niveles altos, no murieron por las consecuencias de un fenómeno meteorológico, murieron por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática. Por una abrumadora y total dejación de las funciones del president de la Generalitat Valenciana en la coordinación y toma de decisión de medidas para proteger a la población", concluye.

De manera subsidiaria, esta parte pide que el TSJCV acuerde su competencia para investigar a Mazón, que incoe causa penal contra él por homicidio y lesiones por imprudencia grave y que le cite en calidad de investigado.