VALÈNCIA (EP). El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV) muestra su "rabia y dolor tras el cruel asesinato" de una educadora social en el cumplimiento de su trabajo en Badajoz. Además, insta a mejorar las condiciones de "precariedad e inseguridad" que acompaña a este trabajo "en demasiadas ocasiones".

En un comunicado, tras el presunto asesinato de una compañera a manos de tres menores en un piso tutelado de Badajoz, la entidad colegial advierte de "la realidad cotidiana que sufren muchas profesionales de la Educación Social cada día en este tipo de centros", en los que "confluyen demasiados condicionantes para hacer que esos puestos de trabajo se conviertan en lugares donde se trabaja a pecho descubierto, dándolo todo, pero sin los recursos necesarios para hacerlo con seguridad".

Ante esta situación, desde el COEESCV hacen una serie de peticiones: una mejora de la atención a la ciudadanía, mediante una ratio de tres niños y adolescentes por cada educador social; un referente profesional en los centros socioeducativos y de protección, "garantizando así una intervención adecuada y especializada", o un mayor trabajo en equipo y seguridad laboral porque "no se debe permitir que ninguna profesional desempeñe su labor en solitario" y cada turno debe contar con un mínimo de dos profesionales".

Otras de sus peticiones son la revisión de puestos sin cualificación específica, "para garantizar la idoneidad del personal que trabaja con infancia y adolescencia"; un análisis del impacto de la precarización y privatización, mediante "un debate profundo sobre cómo pueden afectar a la calidad de la atención, así como unas condiciones laborales dignas, mayor seguridad en el trabajo y una revisión de los protocolos ante la violencia "asegurando una respuesta eficaz, profesional y respetuosa con los derechos de la infancia y adolescencia y de los profesionales".

A su juicio, se deben implementar planes de formación continua para garantizar la mejor atención profesional. También ve urgente "no solo la revisión de los recursos donde se llevan a cabo medidas judiciales de los adolescentes, sino la creación de nuevos recursos que den respuesta a la realidad actual de la infancia y adolescencia (trastornos de conducta graves, adicciones con y sin sustancia, salud mental, ...)".

"El drama de ayer se podría haber evitado si la administración pertinente hubiera tomado otras decisiones ante las denuncias previas que ya existían. No podemos permitirnos que estas situaciones se repitan. Nunca más", enfatiza la organización colegial.

"Trabajadoras low-cost"

Por su parte, desde la Coordinadora del Tercer Sector de Confederación General del Trabajo País Valencià i Murcia condenan la muerte de una educadora social en Badajoz y lamentan la precariedad y falta de medios en el sector, "unas plantillas que realizan una atención directa que debiesen realizar las administraciones públicas". "Somos funcionarias 'low-cost'", lamentan en un comunicado.

Según denuncian, sufren desde hace años la precarización de las condiciones laborales por parte de "empresas que exponen a condiciones de inseguridad con falta de respaldo continua e inestabilidad permanente": "Cubrimos, desde la precariedad y la falta de recursos, unas necesidades y problemáticas que deberían asumir las administraciones públicas. Los beneficios de las empresas del Tercer Sector nos cuestan la vida".

Por todo ello, para este sindicato, "la movilización es ahora más que nunca una cuestión de dignidad". "Llegamos tarde para Belén, pero las administraciones públicas deben garantizar que no vuelva a quedar ninguna otra trabajadora más del sector por el camino y deben empezar a dar los pasos para considerar nuestra profesión como lo que es: un pilar imprescindible del estado de bienestar y dotarnos como profesionales de los medios y condiciones laborales acordes a la importancia, exigencia y responsabilidad que tiene nuestro trabajo", reivindican.

Sus peticiones son equipos de trabajo amplios, formación constante, salarios dignos, conciliación y "que las empresas del Tercer Sector no entren a la suicida en las subvenciones".