VALÈNCIA. El Congreso afronta en el último trimestre del presente ejercicio tres retos en materia económica que resultan fundamentales para todo el país pero, especialmente, para la Comunitat Valenciana: la quita de la deuda, la reforma del sistema de financiación autonómica y la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En los tres casos, estas iniciativas pueden marcar el presente y futuro de la autonomía valenciana por la situación financiera que atraviesa esta región en los últimos años. A día de hoy, la Comunitat, fruto del déficit acumulado año tras año, es la segunda más endeudada de España en términos absolutos, con unos 65.000 millones de euros de pasivo, y la primera en relación al PIB regional.
Según el proyecto de Ley del Gobierno, la quita para la Comunitat se situaría en unos 11.000 millones, una cantidad muy inferior a la exigida y ante la que el Consell presidido por el PP de Juanfran Pérez Llorca ha protestado, tanto por el montante como por la forma de calcularlo, ya que en la condonación motivada por la infrafinanciación no suma ni un solo euro pese a ser junto a la Región de Murcia la autonomía peor financiada. Un tercer motivo del rechazo es el hecho de que la quita se pactó con Cataluña principal beneficiada en el procedimiento.
A día de hoy, el proceso se encuentra varado en la Comisión de Hacienda en el Congreso, donde semana tras semana están prorrogando el periodo de presentación de enmiendas, si bien fuentes del Ejecutivo aseguran que en las próximas semanas se avanzará en el calendario parlamentario.
Cabe recordar que la citada deuda, una parte importante —al menos 17.800 millones de euros según el Ivie—, procede de la infrafinanciación constante que sufre la Comunitat Valenciana, perjudicada en el reparto desde el sistema aprobado en 2004 y que no terminó de mejorar con la reforma abordada en 2009. De hecho, este es el modelo todavía vigente, pese a que caducó en 2014 sin que ninguno de los gobierno liderados por PP y PSOE afrontara la revisión fijada en teoría cada cinco años.
Reforma de la financiación
Precisamente en esta legislatura, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez es el que, tras muchos vaivenes, ha presentado una propuesta para la implantación de un nuevo modelo que aporta 21.000 millones de euros más para las Comunidades Autónomas (CCAA) y, concretamente, 3.669 millones más al año para la región valenciana, lo que la aproximaría a la media nacional y, a priori, resolvería el problema de infrafinanciación arrastrado durante más de dos décadas.
Este proyecto de ley, precisamente, es otro que debe recalar en el Congreso en la recta final del año. El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, planea llevar el nuevo modelo al Consejo de Ministros en un par de semanas y, su objetivo, como ha señalado públicamente, es la aprobación del mismo para que entre en vigor con efectos a 1 de enero de 2027.
Un reto complicado, dado que el PP ya se ha opuesto públicamente a este sistema, que fue aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) únicamente con los votos del Gobierno de España, Cataluña y Canarias, siendo rechazado por todas las regiones gobernadas por la formación popular y también por algunas socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias.
- El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, saluda al ministro Arcadi España este viernes en el CPFF. Foto: GVA
No obstante, desde el Ejecutivo central insisten en que la propuesta de nuevo sistema de financiación se presentará en la Cámara Baja como proyecto de ley orgánica y, será entonces cuando, una vez más, se pongan a prueba los apoyos de los socios parlamentarios que, en los últimos meses, han sido bastante escasos para Pedro Sánchez.
Los PGE
En tercer lugar, pero no menos importante, se encuentra la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En toda la legislatura, el Ejecutivo ha optado por no llevar al Congreso un proyecto de PGE, por lo que por primera vez en la historia de la democracia, se está gobernando con presupuestos de la legislatura anterior prorrogados a lo largo de todo un mandato.
Una situación fuertemente criticada por los principales partidos de la oposición, especialmente el PP, que sin duda se ha convertido en uno de sus argumentos más potentes a la hora de criticar a Sánchez. En este sentido, una de las consecuencias de gobernar todavía con las cuentas de 2023 prorrogadas es que se ha mantenido en el tiempo un presupuesto que causó en su día un fuerte malestar en la provincia de Alicante, puesto que la situó a cola de las inversiones en el panorama nacional (85 euros por habitantes, 200 euros por debajo de la media).
De esta manera, estas futuras cuentas son otra prioridad —probablemente la principal— para el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien probablemente, así lo creen fuentes socialistas, tratará de hacer honor a su condición de valenciano y diseñar unas cuentas que enjuguen esta situación para la provincia y, en general, resulten positivas para la Comunitat.
- Pérez Llorca y Arcadi España, en la reunión mantenida semanas atrás. Foto: EP/ROBER SOLSONA
Así pues, tres grandes asuntos económicos que, además de las consecuencias en clave valenciana, apuntan a ser decisivos para el Ejecutivo central desde el punto de vista de la gobernabilidad pero también del calendario electoral, especialmente en el caso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Si el Gobierno de Sánchez no reúne los apoyos suficientes para sacar unas cuentas adelante, sería lógico que el presidente del Gobierno se planteara disolver el Parlamento y acudir a las urnas para unas elecciones generales, pese que públicamente lleva meses insistiendo en su deseo de agotar la legislatura, apoyándose en los buenos datos macroeconómicos que viene arrojando España.
En este sentido, algunas fuentes gubernamentales opinan que lograr la aritmética parlamentaria necesaria para sacar los PGE adelante puede depender, en muchos casos, no tanto de las cuestiones técnicas del reparto de los fondos y las inversiones, sino de la propia calculadora electoral de las distintas formaciones políticas: es decir, si puede convenirles unas elecciones generales en febrero o lo más tarde posible, en verano.
De lograr aprobar las tres cuestiones mencionadas, que además apuntan a solaparse parlamentariamente, lo que podría dar lugar a negociaciones cruzadas, Sánchez tendría vía libre para cumplir con su hoja de ruta de agotar la legislatura.
