VALÈNCIA (EFE). La jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la dana del pasado 29 de octubre ha rechazado pedir todos los audios de las 19.821 llamadas recibidas en el teléfono de emergencia 112 el 29 de octubre, como había solicitado una de las partes personadas, FETAP-CGT. Aunque, eso sí, asegura que analizará "caso por caso" si los familiares de fallecidos o afectados por la catástrofe realizaron llamadas al servicio de emergencia y si dan su permiso para incorporar los audios a la causa.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza considera que "no procede la obtención indiscriminada" de los audios de las llamadas al 112, "que serían traídos al procedimiento por delitos imprudentes y que afectarían en consecuencia al secreto de las comunicaciones" de personas que llamaron ese día. No obstante, la instructora Nuria Ruiz Tobarra deja la puerta abierta a solicitar las llamadas de familiares de fallecidos, lesionados o testigos que den el consentimiento para ello, como ya se ha acordado respecto a uno de ellos.

La jueza expone en un auto fechado este viernes que "no es factible" obtener la integridad de los audios de las llamadas que se efectuaron el día de la dana al 112 -casi 20.000, según el informe remitido al juzgado por Emergencias de la Generalitat-, como pedía este sindicato, por "la injerencia en el secreto de las comunicaciones". Expone que esta medida solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos, como se establece el art. 579.1 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y respecto de los presuntos responsables de delitos.

En este caso, afirma, la parte solicitante se refiere en su querella a un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que "la injerencia solo podría efectuarse partiendo de la atribución de un delito a alguno de las partícipes, lo que no es el caso, y a su vez conectado con alguno de los 225 fallecimientos, tres desaparecidos, o con los lesionados".

Según la jueza, "cuestión distinta" sería el consentimiento aportado por quienes llamaron ese día al 112, y así se ha dictado ya una providencia para que se aporte al proceso la grabación de la llamada efectuada por una persona que ha dado el consentimiento para obtener ese contenido. "Será preciso analizar, caso por caso, si se efectuaron por los familiares de los fallecidos, en su caso por los lesionados, o simplemente por testigos, llamadas al 112, y una vez acreditado dicho extremo, solicitar el consentimiento a cada uno de ellos, para la incorporación de los audios", señala.

Por otra parte, la instructora ha acordado, en otro auto fechado también este viernes, la personación como acusación popular en la causa del colectivo ciudadano Mai Més València, previa consignación de fianza por importe de 6.000 euros en el plazo de diez días hábiles.